El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, endureció la postura del Gobierno Nacional frente a la situación jurídica de alias ‘Calarcá’, cabecilla de una de las principales disidencias armadas del país. En declaraciones recientes, el jefe de la cartera fue enfático al señalar que la participación en procesos de diálogo no otorga una “licencia para delinquir”.
El detonante: hallazgos de la Fiscalía
La advertencia del Ministro surge tras revelaciones de la Fiscalía General de la Nación, que tras analizar computadores incautados al jefe insurgente, habría encontrado pruebas de:
Vínculos directos con economías ilegales.
Presuntos nexos con miembros de la Fuerza Pública y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Evidencia de delitos cometidos durante la vigencia del proceso de paz.
Ante este panorama, el ente acusador ha planteado la necesidad de reactivar las órdenes de captura que actualmente se encuentran suspendidas bajo el marco de la Ley 2272 de 2022.
“Sin ideología y dedicados al narcotráfico”
Sánchez lanzó una dura crítica a la estructura liderada por ‘Calarcá’, calificándola como una organización que ha perdido cualquier norte político.
“La disidencia es netamente narcotraficante y vive de economías ilegales”, afirmó el ministro, señalando que estos grupos han traicionado la confianza del país en los esfuerzos de pacificación.
Las reglas de juego: flagrancia y órdenes de captura
El Ministro de Defensa aclaró los dos escenarios legales que enfrenta el cabecilla:
Flagrancia: Si alias ‘Calarcá’ es sorprendido cometiendo un delito, la Fuerza Pública tiene la obligación de capturarlo de inmediato, sin importar el estado de las negociaciones.
Suspensión de órdenes: El levantamiento formal de la suspensión de las órdenes de captura es una potestad que depende directamente de la directriz del presidente Gustavo Petro, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
El caso de ‘Calarcá’ pone nuevamente sobre la mesa el complejo equilibrio entre la Paz Total y la justicia. Mientras la orden siga suspendida, las autoridades deben acatar los protocolos del proceso de negociación, a pesar de las crecientes presiones de la opinión pública y los organismos de control para que el cabecilla responda ante la justicia ordinaria.
