Hay un nuevo capítulo en la novela de la licitación de pasaportes en Colombia. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está contradiciendo al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y dice que sí hay plata para pagarle a Thomas Greg & Sons.
“La plata de ese contrato estaba prevista. Usted no puede sacar una licitación sin que tenga un certificado de disponibilidad presupuestal. Es lo primero que le van a pedir. ¿Tiene el certificado de disponibilidad presupuestal? Sí, entonces abra la licitación. Por lo tanto, la plata está ahí”, dijo el ministro de Hacienda.
Bonilla sugirió que pudo haber un error en la información que le entregaron al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo.
Las declaraciones del ministro contradicen uno de los argumentos que horas antes dio el canciller (e) Murillo, para decir que es ilegal la adjudicación del contrato a Thomas Greg & Sons.
“No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74923 para el proceso contractual antes referido. Estos recursos fueron reasignados desde el dos de octubre del año 2023 para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal”, dijo Murillo en una declaración para la prensa.
La aclaración de Bonilla no elimina los otros argumentos de Murillo sobre el asunto y, el más importante, es que el exsecretario general de Cancillería José Antonio Salazar no tenía la competencia para revocar una decisión de su jefe.
Tampoco tiene nada que ver con el hecho de que Salazar actuó en contra de las instrucciones del presidente Gustavo Petro y por eso fue echado del Gobierno.
Abecé de la novela de los pasaportes
La licitación para la elaboración de los pasaportes lleva meses causando polémicas. La Cancillería abrió el proceso contractual, pero solamente se presentó un interesado: Thomas Greg & Sons, la misma empresa que lleva haciendo esos documentos los últimos años.
Inicialmente, el escándalo se centró en el hecho de que solamente había un proponente. Desde entonces, el presidente Gustavo Petro le declaró la guerra a esa licitación y ordenó a sus ministros que no adjudicaran licitaciones de un único oferente en ningún momento.
Siguiendo esa instrucción, el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación. El problema es que en Colombia sí es legal entregar contratos a un único oferente y Thomas Greg demandó al Estado.
Hasta ahora, este escándalo de los pasaportes le ha costado la cabeza a Marta Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, quien pidió conciliar con Thomas Greg y a Álvaro Leyva, que fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación.
Antes de salir de su cargo, Leyva contrató bajo una figura de emergencia a Thomas Greg para que siguiera emitiendo pasaportes mientras tiene lugar una nueva licitación con más proponentes.
A Leyva lo está reemplazando temporalmente Luis Gilberto Murillo y este le dio al exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar el poder de seguir adelante con la licitación de pasaportes.
Salazar firmó una resolución en la que revocó las decisiones de Leyva sobre la licitación y adjudicó el contrato definitivo a Thomas Greg.
El presidente Gustavo Petro dijo que había sido traicionado y echó a Salazar del Gobierno de inmediato; la Cancillería busca como echar atrás las decisiones y mantener las que había tomado Leyva.
Por el momento, Thomas Greg no ha firmado el contrato y tampoco ha retirado la demanda.
