Este viernes se conoció que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz pidió que sea investigado el juez quinto de Ejecución de Penas de Barranquilla, quien ordenó prisión domiciliaria al exalcalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López tras ser condenado a 29 años de prisión por el homicidio agravado del periodista Rafael Prins y por concierto para delinquir.
Jorge Luis Alfonso López es hijo de la empresaria del chance Enilce López Romero, condenada por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado por nexos con grupos paramilitares.
Es así como el Minstro de Justicia pide investigar si el juez Orlando José Petro Vanderbilt habría cometido irregularidades por enviar a la casa al exalcalde, quién fue condenado desde el año 2004, con base en un informe pericial de Medicina Legal del pasado 13 de septiembre que advierte que el condenado tiene: “1. Hipertensión arterial de difícil manejo. 2. Falla cardíaca hipertrófica. 3. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síndrome de apnea e hipopnea del sueño. 4. Diabetes mellitus tipo 2 5. Síndrome convulsivo (neurocisticercosis). 6. Obesidad mórbida. 7. Hipotiroidismo. 8. Hipertrigliceridemia. 9. Arritmias cardíacas de alto grado .10. Síndrome metabólico. 11. Infección de vías urinarias tratada. 12. Trastorno interno de las rodillas. 13. Poliposis colónica”.
“La defensa del condenado había solicitado el beneficio de detención domiciliaria argumentando problemas de salud. Pero Medicina Legal conceptuó que el señor Alfonso López no padecía una enfermedad grave y podía ser atendido de manera ambulatoria. Además, teniendo en cuenta el monto de la condena, esta persona no podía ser objeto de una medida de sustitución de la pena intramural”, advirtió el ministro Wilson Ruiz.
El director del INPEC, general Mariano Botero, también anunció que abrió investigación disciplinaria interna para determinar si funcionarios de su institución participaron de las presuntas irregularidades en el caso de Alfonso López.
“El sentenciado no debe permanecer en el penal esperando que su estado de salud se torne grave por falta de atención, o que entre en una crisis que no pueda ser manejada con prontitud dentro del establecimiento (urgencias)”, consideró el juez Petro Vanderbilt.
