En todo un problema se ha convertido este contrato con un costo cercano a $ 1.07 billones que está en el ojo del “huracán”
Se trata de un escandaloso contrato adjudicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al consorcio denominado “Unión Temporal Centros Poblados” por un valor de $1.07 billones, que ha pasado a ser por así decirlo, como la piedra angular del presunto hecho de corrupción surgió debido a que el consorcio ganador presentó una garantía que no había sido expedidas por el Banco Itaú, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio.
“Conforme a las manifestaciones realizadas tanto en la audiencia de la referencia, como mediante correo electrónico de esta misma fecha, respetuosamente le confirmó que el banco Itaú Corpbanca Colombia S.A., no está legitimado para obrar como Garante dentro del proceso de la referencia, por cuanto la Garantía Bancaria N°. 2020-1156-01002, no fue expedida por el Banco. Daremos noticia de esta situación a las autoridades penales y, en fecha posterior, ampliaremos nuestra manifestación al respecto“, le informó el Banco al ministerio TIC.
Sobre el particular, hay que decir que el pasado 29 de julio, la ministra Karen Abudinen declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020, de la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía como meta llevar internet gratis a las instituciones públicas a nivel nacional.
Sin embargo, la Unión Temporal Centros Poblados recibió en licitación un contrato por $1,07 billones de pesos para cubrir la región B, que conforman los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
A partir de la asignación del contrato en diciembre del 2020, Karen Abudinen ha realizado más de 30 reuniones con el objetivo de mantener un control permanente sobre la ejecución de los recursos públicos y el avance hacia la meta de conectar el 70 por ciento del país antes de agosto de 2022.
El escándalo ha tomado fuerza debido a que se ha conocido que en el proceso se realizó un anticipó de $70 mil millones, recursos que algunos expertos del sector consideran que van a ser muy difíciles de recuperar.
La Ministra Karen Abudinen dejó en manos de las autoridades adelantar las investigaciones correspondientes para establecer los responsables del escándalo originado por la “Unión Temporal Centros Poblados”.
