Funcionarios afectados denuncian incumplimientos del acuerdo colectivo pactado en julio, mientras la ministra enfrenta críticas por su gestión sindical.
En medio de una huelga que ya completa 40 días en el Ministerio de Trabajo, la situación se agrava con acusaciones directas hacia la administración de la ministra Gloria Ramírez. Más de mil funcionarios sindicalizados denuncian que no han recibido sus salarios correspondientes al mes de junio, alegando un presunto intento de chantaje por parte de las autoridades para forzar el fin de las protestas.
Gerson Cifuentes, líder sindical de una de las 14 organizaciones en huelga, expresó su preocupación por las medidas tomadas por el Ministerio: «Somos víctimas de un claro maltrato económico. Nos han retenido el salario sin justificación alguna, vulnerando nuestros derechos fundamentales». Las acciones del Ministerio, según Cifuentes, no solo afectan a los trabajadores, sino también a sus familias, quienes dependen de estos ingresos.
El conflicto se intensifica ante la falta de cumplimiento de diversos puntos acordados en marzo, incluyendo bonificaciones y otros beneficios contemplados en el acuerdo colectivo. Según los sindicalistas, la negativa a pagar los salarios no está relacionada con el inicio de la huelga, sino con la falta de cumplimiento de los compromisos pactados previamente.
Ante esta situación, los sindicalistas han anunciado la intensificación de sus acciones de protesta, incluyendo la instalación de carpas frente al Ministerio como medida de presión adicional. «No nos dejaremos chantajear», enfatizó Cifuentes, señalando que las medidas del Ministerio buscan desarticular la huelga sin resolver los problemas de fondo.
Las críticas también han alcanzado al Gobierno, que bajo el liderazgo de la ministra Ramírez, quien previamente se presentó como defensora de los derechos sindicales, ahora enfrenta acusaciones de actuar en contra de los intereses de los trabajadores. Representantes políticos y líderes sindicales han cuestionado la falta de diálogo y la gestión de la crisis por parte de las autoridades ministeriales.
La ministra Ramírez no ha respondido directamente a las acusaciones de chantaje y maltrato económico, ni ha ofrecido soluciones concretas para poner fin al conflicto. Mientras tanto, los sindicalistas afectados continúan su lucha en busca de una resolución justa y el respeto a sus derechos laborales.
