Por los traumatismos y perjuicios causados a miles de colombianos y la evidente paralización del transporte aéreo, considerado como servicio público esencial, el Ministro del Transporte, Guillermo Reyes, presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra la empresa Fast Colombia S.A.S responsable de Viva Air, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada en modalidad masa y ofrecimiento engañoso de servicios.
Según el jefe de la cartera de Transporte, la aerolínea recaudó 272 mil millones de pesos antes del cese de operaciones ocurrido el 27 de febrero de 2023 por concepto de la venta de tiquetesa aéreos, tiqueteras y la recepción de pagos de diversas agencias de viajes.
Además Fast Colombia mantuvo abiertos sus canales comerciales para la venta de sus servicios hasta unas horas antes de cerrar las operaciones evidenciando dolo por parte de la compañía, y a sabiendas de que no podía cumplirle a sus usuarios los mantuvo en error, generándoles expectativas respecto de sus vuelos que no podía materializarse.
Añadió que a la fecha, la aerolínea no ha realizado el reembolso alguno a los miles de los afectados, vulnerando con ello el patrimonio económico de los colombianos que adquirieron sus servicios.
El ministro subrayó que esta actuación desplegada por Viva, generó la afectación al derecho fundamental de locomoción de miles de colombianos y obedeció , presuntamente a presiones indebidas frente a las autoridades administrativas para acelerar la decisión respecto del trámite de integración con otra aerolínea (Avianca) solicitada meses atrás.
Reyes dejó en claro que el Gobierno garantiza y respeta el derecho fundamental al debido proceso, pero rechaza vehementemente cualquier actuación que vaya en contravía de la Constitución Política y la ley, en lo que atañe a las disposiciones que regulan la prestación del servicio del servicio de transporte aéreo.
Finalmente señaló que confía en que la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal y en el marco de sus competencias constitucionales, determinará no solo si las conductas denunciadas revisten características de delito, sino también, qué personas deberán ser judicializadas en calidad de presuntos autores y/o partícipes de los hechos.
