Teniendo en cuenta la baja asignación de recursos destinados por parte del Ministerio de Defensa Nacional a la ciencia, tecnología e innovación en el sector defensa y seguridad, la Contraloría General de la República insiste en la necesidad de aumentar la inversión para el fortalecimiento de la capacidad tecnológica del país y así enfrentar con mayor eficacia las nuevas amenazas que comprometen la seguridad nacional y la protección ciudadana.
Así lo manifestó el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en el marco del foro sobre nuevas estrategias en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Sector Defensa, el cual contó con la participación de miembros de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, la Academia, representantes de las carteras ministeriales y otros organismos de control.
Según proyecciones de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el sector Defensa y Seguridad de la Contraloría General, para 2025 se mantuvo la tendencia de baja inversión y la alta rigidez presupuestal orientada hacia el pago de salarios, prestaciones y gastos operacionales en el sector.
El Contralor General señaló que “En el presupuesto del 2024 se destinó un 94,5% que corresponde a $53,8 billones para funcionamiento y personal del sector defensa; un 0,9% equivalente a $400.000 millones fueron destinados al pago de la deuda y para inversión un 4,6% que corresponderían $3,8 billones. Resulta inquietante que, del total del presupuesto asignado al sector defensa y seguridad, solamente el 4,6% se haya destinado a inversión, restringiendo la capacidad del sector para modernizarse, conduciendo a la obsolescencia tecnológica. Esta restricción presupuestaria no solo agudiza el rezago tecnológico, sino que también compromete la protección de la infraestructura crítica nacional, volviendo al país más vulnerable frente a amenazas externas e internas”.
El panorama actual de amenazas es preocupante, las nuevas modalidades de criminalidad y delincuencia como ciberataques podrían paralizar los sistemas financieros, eléctricos y de comunicaciones. Ataques dirigidos con drones y sistemas no tripulados, entre otros, obligan al Estado a avanzar en soluciones que modernicen la fuerza pública.
El Contralor Rodríguez hizo un llamado al Gobierno Nacional para descongelar recursos y aumentar la inversión destinada a la modernización de capacidades militares en los dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial, integrando tecnologías como inteligencia artificial y sistemas antidrones y afirmó que “No podemos seguir enfrentando amenazas del siglo XXI con tecnología del siglo pasado. La inversión en innovación y modernización es clave para garantizar la soberanía y la seguridad de los colombianos”.
Durante su instalación en el foro, el Contralor aseguró que esta problemática debería ser abordada desde la protección integral para mitigar la percepción de inseguridad y riesgo. En este sentido, la Contraloría ha contribuido con la protección de los recursos públicos, mediante advertencias de control y hallazgos de auditoría en 2023 y 2024, identificando serias deficiencias que ponen en riesgo la seguridad y la defensa nacional. Tal es el caso de la inadecuada administración de las municiones y el material de guerra en el Ejército Nacional, que se definió en la actuación especial de fiscalización adelantada en 2024.
Se encontraron municiones y explosivos vencidos, almacenados en condiciones inadecuadas, generando un daño patrimonial que supera los $9.500 millones, que a su vez originó una función de advertencia para evitar que los efectos del mismo se extendieran. Esta situación no solo compromete la eficiencia del gasto público, sino que representa un riesgo directo para la seguridad del personal militar y para la capacidad operativa de la Fuerza.
Por otro lado, la Contraloría también se pronunció sobre los convenios suscritos por el Ministerio del Interior a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia – FONSECON, destinados a la construcción de estaciones de policía en diferentes regiones del país, encontrando atrasos considerables frente a los cronogramas pactados, por ejemplo en Montelíbano, Córdoba con un avance físico del 35%; Alto Baudó, Chocó con un avance del 11%; en Liborina, Antioquia, un avance del 15% y Carmen de Viboral, Antioquia sin avance significativo.
Así mismo, a través de la auditoría financiera realizada a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, en el primer semestre de 2023, se estableció un hallazgo fiscal por la transferencia de la propiedad de catorce predios por parte de CREMIL, por un valor superior a $540 mil millones, a cambio de recibir un edificio en el año 2019, ubicado en la carrera séptima con calle 100 en la ciudad de Bogotá, que a la fecha no se ha recibido. Hallazgo que actualmente se encuentra en un proceso de responsabilidad fiscal y con medidas cautelares de embargo y secuestro.
Igualmente, se determinó un daño patrimonial por valor de $27.814 millones, sobre el proyecto denominado Hospital de Rehabilitación Funcional BASAM, a cargo del Ejército Nacional y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, con una inversión de más de $34 mil millones en ocho años, sin que la obra se haya concluido.
Una de las más recientes actuaciones fiscales de esta Contraloría, fue la advertencia que se efectuó sobre el inminente riesgo de pérdida de recursos por valor de 13.5 millones de dólares, debido al incumplimiento del contrato 012 de 2024 suscrito por el Ministerio de Defensa con el objetivo de realizar el mantenimiento de algunos helicópteros de la flota MI-17 del Ejército Nacional. Este tipo de hallazgos nos permiten identificar la pérdida de recursos públicos que conducen a la afectación en la distribución del presupuesto indispensable para garantizar la seguridad y defensa de Colombia.
Por otra parte, el ente de control alertó sobre el incremento de la criminalidad en el país, según el GAULA en el 2025, fueron reportados 4.573 casos de extorsión de los cuales el 56 % son de modalidad digital. Así mismo se reportó un aumento del 73 % entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, en áreas de explotación ilícita de oro afectando más de 100.000 hectáreas de cobertura vegetal.
La Contraloría General de la República invitó al Gobierno, la Fuerza Pública, la academia y el sector privado a unir esfuerzos para consolidar una seguridad integral que impulse el desarrollo económico, fortalezca la confianza ciudadana y promueva la paz en Colombia. “La seguridad de la Nación no es un gasto, sino una inversión en el futuro, modernizar nuestras capacidades es garantizar que cada peso público se traduzca en protección, confianza y progreso para todos los colombianos”, finalizó el Contralor.
