Se conoció que el Consejo de Estado no dejó prosperar y rechazó una tutela presentada por el senador Gustavo Petro, mediante la cual buscaba frenar la entrada en funcionamiento de la reforma constitucional que modificó el Código Disciplinario y reformó a la Procuraduría.
Con este recurso, Petro advertía que la reforma al Código no estaba en sintonía con los requisitos fijados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se advertía que sólo un juez podía determinar la destitución de un funcionario elegido popularmente.
Esto, para el Consejo de Estado determinó que los derechos a la justicia, al debido proceso y a elegir y ser elegido del senador no fueron vulnerados con la mencionada reforma.
La reforma no dejó en manos de un juez la facultad de destituir a funcionarios elegidos popularmente pues facultó a la Procuraduría con funciones jurisdiccionales.
