La candidata al Senado Olga Lucía Caro Jácome advirtió que el principal desafío del campo colombiano no es la falta de discursos o leyes, sino una falla estructural del Estado para construir un sistema donde producir de manera sostenible y competitiva sea viable para el productor rural.
“La verdadera reforma rural no empieza exigiendo más al campesino, sino devolviéndole la competitividad que el propio Estado le quitó”, afirmó Caro al presentar su visión para el desarrollo rural del país.
Aunque cerca del 85 % del territorio colombiano es rural, solo alrededor del 23 % de la población vive en estas zonas, lo que ha llevado —según la candidata— a un modelo de desarrollo que trata al campo únicamente como una reserva de recursos y no como un espacio productivo, social y estratégico.
Caro explicó que más del 70 % de las Unidades de Producción Agropecuaria son de pequeña escala, con baja tecnificación, escaso acceso al crédito, limitada asistencia técnica y alta dependencia climática. Esta situación mantiene la productividad agrícola del país por debajo del promedio latinoamericano, incluso en cultivos tradicionales.
“Cuando el productor apenas logra sobrevivir, no tiene margen para invertir en sostenibilidad. Por eso hoy la sostenibilidad se percibe como un costo adicional y no como una oportunidad productiva”, señaló.
La aspirante al Senado también destacó que uno de los problemas estructurales del campo es la inseguridad jurídica sobre la tierra. En Colombia existe una fuerte concentración de la propiedad y miles de productores trabajan sin títulos formales, lo que limita el acceso al crédito, desincentiva la inversión y dificulta la planificación productiva.
A esto se suma, según explicó, un uso ineficiente del suelo: ganadería extensiva en suelos aptos para agricultura, cultivos en territorios frágiles y deforestación asociada a ocupaciones informales.
“Sin seguridad jurídica sobre la tierra no hay inversión, no hay crédito y no hay incentivos para conservar. El productor necesita reglas claras para producir y proteger el territorio al mismo tiempo”, afirmó.
Caro también cuestionó la descoordinación institucional entre entidades del Estado encargadas del desarrollo rural, señalando que hoy existen normas y autoridades que no distinguen entre escalas productivas y que, en muchos casos, priorizan la sanción sobre el acompañamiento técnico.
Frente a este panorama, la candidata propuso una agenda de desarrollo rural sostenible basada en competitividad, que incluye cinco ejes principales:
Incentivos económicos y acceso al crédito, con instrumentos simples, automáticos y verificables, así como compras públicas estratégicas para cultivos prioritarios.
Diferenciación por escala productiva, con regímenes regulatorios adaptados a productores de subsistencia, pequeños productores comerciales y producción empresarial.
Seguridad jurídica sobre la tierra, vinculada al uso productivo responsable del suelo como condición para inversión y financiamiento.
Presencia técnica del Estado en los territorios, mediante equipos multisectoriales que integren productividad, gestión ambiental y adaptación climática.
Ordenamiento territorial productivo, que defina con criterios técnicos dónde producir, dónde reconvertir actividades y dónde conservar ecosistemas estratégicos.
“El productor rural responde a incentivos económicos reales. Si producir de forma sostenible no es rentable, el sistema empuja a la informalidad. Por eso primero debemos construir competitividad y luego exigir sostenibilidad”, concluyó.
Para Olga Caro, el desafío del campo colombiano no es ideológico sino institucional: construir un modelo en el que el desarrollo rural combine productividad, protección ambiental y estabilidad económica para millones de familias campesinas.
