La Fiscalía General de la Nación evalúa acciones decisivas en torno a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Sneyder Pinilla, exsubdirector de desastres de la misma entidad, en relación con un escándalo que implica la asignación de contratos para el suministro de agua mediante carrotanques en La Guajira, valorados en 46.800 millones de pesos.
Según revelaciones de El Tiempo, el ente acusador ha solicitado un procedimiento especial de actuación restringida, marcando un significativo avance tras una reunión crucial entre el abogado José Moreno, representante de López, y la Fiscalía.
Este caso destaca por la suma involucrada y las acusaciones sobre posible fraude procesal, contratación sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la adjudicación de contratos.
Olmedo López se encuentra en una situación compleja, al enfrentarse a un escenario judicial adverso tras la publicación de detalles sobre la manera en que se otorgaron ciertos contratos.
A pesar de la presión, López se muestra listo para defenderse en juicio, descartando por el momento cualquier acuerdo con la Fiscalía, tal como El Tiempo estableció a partir de declaraciones obtenidas de sus abogados. “A diferencia de otros gobiernos, en el nuestro no hay lugar a errores; por eso presenté mi renuncia. Fui yo quien se fue”, afirmó López.
En el centro del debate está también la relación de López con figuras prominentes de la política colombiana, incluido el actual ministro Luis Fernando Velasco, y el senador Carlos Trujillo. López rechaza cualquier insinuación de que haya sido una cuota política de Trujillo y lanza un desafío al ministro Velasco a aclarar numerosos aspectos aún oscuros de este caso.
Las preocupaciones no solo se detienen en acusaciones de corrupción generalizadas sino que se extienden a específicas insinuaciones sobre prácticas deshonestas tales como el cobro de un 30% sobre las cuentas por pagar para agilizar los respectivos desembolsos.
Además, ante las acusaciones que sugieren un ataque al antecesor y a la administración actual para desviar la atención de temas como la polémica compra de carrotanques, López se defiende indicando que, en su función, respetó “el debido proceso y la presunción de inocencia”.
Argumenta que cualquier responsabilidad sobre dichas compras requiere una claridad sobre el alcance de las responsabilidades individuales y los procesos internos de la Ungrd, los cuales están meticulosamente definidos en su manual de contratación.
El escándalo toma una dimensión aún más profunda al confirmarse la existencia de un video que muestra la cuantiosa suma de dinero encontrado, lo cual contradice las declaraciones iniciales que minimizaban la cantidad a sólo 5 millones de pesos.
