Lograr mayor paridad en los órganos colegiados de justicia y utilizar las herramientas que propone el enfoque de género a la hora de valorar los casos de violencia política contra las mujeres, fueron algunos de los planteamientos hechos por expertas y expertos en la justicia electoral, durante el Congreso Internacional de Derechos Humanos, Género y Enfoque diferencial, organizado por la Procuraduría.
Para Ivonne Coloma, presidenta del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, es necesario determinar claramente los parámetros de atención de las mujeres afectadas por este tipo de violencia para no revictimizar, “no podemos abordar el caso de una victima de violencia política como si fuera una organización que excedió los topes de gasto en campaña, hay que actuar bajo otros parámetros”, aseguró.
En la misma línea, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial en México, Mónica Soto, aseguró que es clave utilizar las herrramientas que plantea el enfoque diferencial para encontrar las particularidades de cada caso y analizarlas en profundidad para poder preferir una decisión adecuada, “no es posible entender que existe una diferencia si no tenemos una perspectiva diferente” agregó.
Sobre la paridad que se debería alcanzar entre hombres y mujeres en la administración del Estado para transformar los paradigmas patriarcales que han orientado las leyes y sus procedimientos, el director de la Corporación Excelencia en la Jisticia, Hernando Herrera, aseguró que son los hombres los llamados a promover la igualdad de sexos en los altos cargos de la sociedad, no solo porque se trata de un principio fundamental del Estado Social
De Derecho, sino por que han sido ellos quienes han generado esas condiciones de desigualdad.
Los expertos coincidieron en afirmar que la violencia política contra las mujeres ha migrado a nuevos escenarios como la redes sociales, con nuevas y graves modalidades como ciberbulling o linchamiento social, entre otras, y que esto sólo se podrá enfrentar con un activismo femenino comprometido y una capacitación constante a servidores públicos y a la sociedad en general.
