El inicio de 2026 promete ser complicado para millones de colombianos que dependen del sistema de salud. Así lo advirtió Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, quien aseguró que la administración del presidente Gustavo Petro ha dejado al sector sanitario en una situación crítica.
Aquí la entrevista con la revista Semana:
SEMANA: El ajuste de la UPC es un reclamo de las EPS al gobierno Petro desde hace años. ¿Cómo reciben el anuncio del ministerio de Salud?
Denis Silva (D.S.): El Gobierno del presidente Petro ha sido coherente con su línea de destruir la salud de los colombianos y poner en peligro la vida de los pacientes. Por varias razones. Primero, porque creó la crisis del sistema. Segundo, porque lo desfinanció. Tercero porque incumplió todas las órdenes de la Corte Constitucional en los autos 007 y 504. Cuarto, porque las mesas técnicas para revisar la metodología y hacer los ajustes necesarios ordenados por la Corte no se cumplió. Quinto, se generó una crisis humanitaria sin precedentes en el país. Sexto, se genera una desfinanciación para el 2026 con el incremento de la UPC. Por otro, en el sistema de salud todos los actores tienen que dar cumplimiento a la ley de reforma laboral que reduce la jornada de los trabajadores y adicional, está el aumento del 23 % del salario mínimo. Y, de remate, el valor de la UPC.
SEMANA: ¿Cómo es ese remate?
D.S.: El 30 de diciembre, un día antes de finalizar el año, el gobierno del presidente Petro nos dice que no hay mérito para cumplir los las órdenes de la Corte Constitucional porque la plata es suficiente. Y si la plata fuera suficiente, hoy el Gobierno administra ocho EPS que suman el 51 % de la población. Y maneja más de la mitad de los recursos del sistema.
Todos los indicadores son nefastos en esa gestión del Gobierno. El problema no son las EPS ―y no soy defensor de las EPS porque siempre hemos tenido posturas claras―, pero el problema en este momento es la crisis humanitaria creada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
SEMANA: El anuncio de la UPC coincide con algo triste para muchos pacientes de la Nueva EPS, la más grande del país con más de 10 millones de afiliados: por falta de pagos instituciones no les dispensarán los medicamentos y hospitales dejan de atenderlos. ¿Cómo se siente el impacto?
D.S.: La Nueva EPS está intervenida por el gobierno de Gustavo Petro. En el tiempo en que ha estado al mando, el Gobierno ha tenido cuatro gerentes, cuatro interventores, siete gerentes de contratación, cuatro gerentes financieros. Cada vez que llega un interventor, ese interventor llega con su equipo de trabajo. Y pareciera que el Gobierno disfruta hacer lo contrario al rey Midas, porque todo lo que toca en materia de salud, el presidente Gustavo Petro lo acaba.
Ha acabado con distintos operadores farmacéuticos o dispensadores de medicamentos de los más grandes en el país. El último fue Colsubsidio, que simplemente dice: “No sigo suministrándoles medicamentos a la Nueva EPS porque no pagan.” Y tenemos que recordarle al país dos cosas. La Nueva EPS recibe cerca de 2 billones de pesos. ¿Qué están haciendo con esos recursos? Y lo segundo: ¿para dónde se va el dinero de la salud? Si no lo están invirtiendo en salud, no están pagando lo que contratan hoy y menos las deudas anteriores, entonces, ¿dónde está la plata?
SEMANA: Ya que habla de deudas, un informe de la Contraloría alertó que se debían a los hospitales más de 22 billones de pesos, y justamente que los mayores deudores son las EPS intervenidas por el Gobierno. ¿Qué tanto se siente esa crítica situación financiera en la atención a los pacientes?
D.S.: El paciente siempre va a ser el gran afectado. Cada vez que una EPS no le paga al hospital, el paciente pareciera que fuera el cobrador de todos los agentes del sistema. Pero también tenemos que hacernos una pregunta y sincerar las cuentas. ¿Cuánto es esa deuda real que se les deben? Porque vemos que en el gobierno de Iván Duque, la gran mayoría, con el acuerdo de punto final, la gran mayoría ya habían saldado la deuda. ¿Entonces, esos 22 billones de pesos de la Contraloría corresponden a la vigencia del gobierno del presidente Petro o son deudas anteriores?
Y si a la red le deben 22 billones de pesos, ¿es tan rentable el negocio de la salud en el que a muchas IPS le siguen prestando servicios y funcionando sin ningún problema? Creo que es hora de contar y de poner las cartas sobre la mesa y todos los posibles conflictos de interés.
SEMANA: La crisis del sistema de salud será uno de los grandes temas del debate electoral que comienza en este 2026. ¿Qué le piden ustedes a los candidatos? ¿Qué mensaje les quieren transmitir?
D.S.: Necesitamos un candidato que le duela la salud. No le estoy haciendo proselitismo a nadie. Nos preocupan dos candidatos. Y voy a hablar con nombres propios: Iván Cepeda y Roy Barreras. Cepeda ha dicho que va a dar continuidad a la política del Gobierno del presidente Petro y tenemos que preguntarle de manera directa si la línea es seguir acorralando el sistema y acabando con la salud de los colombianos. Y lo mismo frente a Roy Barreras: ¿cuáles son las propuestas reales para salvar la salud de los colombianos?
Es innegable que necesitamos transformar el sistema de salud. Transformarlo no quiere decir que tenemos que acabarlo, podemos rescatar lo que se puede rescatar, podemos mejorar lo que haya que mejorar y acabar lo que no funciona. Y queremos saber hasta dónde estamos dispuestos a pagar para salvar el sistema de salud.
SEMANA: Volvamos a la UPC, que es el eje en gran parte de la desfinanciación del sistema, porque las EPS llevan todo este Gobierno diciendo que gastan mucho más por paciente de lo que les gira el Estado. Y esa decisión, tan estructural, fue lanzada a un día del Año Nuevo. ¿Le parece eso extraño?
D.S.: No. Porque el Gobierno está utilizando la salud como el trampolín. Los congresistas no me aprobaron la reforma, entonces le paso esa factura a los colombianos. Faltan 219 eternos y largos días para finalizar el Gobierno de Gustavo Petro. Y el balance es desolador. En 2026, habrá más desfinanciación. Eso se traducirá en cierres, más demoras y más vidas en riesgo. Lo de la UPC no fue un ajuste, fue un abandono.
Fuente: Revista Semana
