Por medio de un estudio, y a propósito de la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad y del mes de la Herencia Africana, la Contraloría General de la República, CGR, precisó que la deuda institucional de mayor impacto con estas comunidades es la no reglamentación de la Ley 70 de 1993.
De acuerdo con el órgano de control fiscal, existe la preocupación por el hecho de que sigan sin reglamentarse capítulos importantes de la Ley 70 de 1993, lo que vulnera los derechos individuales y colectivos de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Narp del país.
Según la entidad de control fiscal en el PND 2018-2022, el Gobierno Nacional se comprometió que, a junio de 2020 se reglamentaría la totalidad de la Ley 70/93. Sin embargo, al cierre del mismo, quedan tres capítulos pendientes de reglamentar: Capítulo IV – uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente, Capítulo V – recursos mineros, y Capítulo VII – planeación y fomento del desarrollo económico.
Precisó además el estudio de seguimiento a los compromisos suscritos con estas comunidades a diciembre de 2020, que se presentaba un cumplimiento de apenas el 5% en la ejecución del presupuesto de $19 billones concertado para hacer realidad los 239 acuerdos establecidos con las comunidades Narp en el denominado Pacto por la Equidad de oportunidades para grupos étnicos” del Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022.
Al respecto se pronunció el contralor delegado para la Población Focalizada, Hitler Rouseau Chaverra Ovalle, al instalar el conversatorio ‘Diálogos afrodiaspóricos: un homenaje a la historia y el legado del pueblo Narp’, convocado a propósito del Día Nacional de la Afrocolombianidad.
“Encontramos que, con cierre a 31 de diciembre de 2022, en cuanto a gestión se había avanzado en un 81%, pero eso contrasta con la cifra de ese presupuesto de $19 billones, pues al momento del estudio (diciembre de 2020) sólo se había llegado a un cumplimiento del 5%”, detalló.
Por su parte el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, aseguró que lo que se ha observado en la práctica” es que el discurso y el tema presupuestal es muy bueno pero la realidad cuando vamos a mirar el impacto es completamente diferente”, precisó.
Sumado a ello, aseguró que la CGR debe hacer uso de sus facultades de control preventivo y concomitante para que, sin coadministrar, pueda contribuir en lo relativo al diseño de una política consensuada que pase a ser una política de Estado en estos aspectos.
