Un juez penal de Bogotá condenó a Carlos Eduardo Padilla, patrullero de la Policía Nacional, por el feminicidio de su esposa y compañera de institución, Paula Andrea Celis Guzmán. El crimen, ocurrido en diciembre de 2023, generó conmoción a nivel nacional debido a su extrema violencia.
La juez 63 penal con función de conocimiento emitió un fallo condenatorio contra Padilla por el delito de feminicidio agravado, luego de que la Fiscalía demostrara que el acusado atacó brutalmente a su pareja sentimental con 80 puñaladas, causándole la muerte frente a su hijo menor de edad.
“El procesado, patrullero de la Policía Nacional, Carlos Eduardo Padilla, de manera brutal y reiterada atacó con arma cortopunzante a su compañera sentimental. Este acto de extrema violencia fue presenciado por el hijo de ambos”, relató la fiscal 313 de la unidad especializada en feminicidios.
Según los registros de cámaras de seguridad, Padilla llegó a la residencia de Celis hacia la 1:10 a. m. y poco después iniciaron una discusión. Cerca de las 10:20 a. m., el uniformado salió del lugar con su hijo en brazos y dos maletas. Posteriormente, dejó al menor al cuidado de una ex pareja, asegurando falsamente que Paula Andrea se encontraba de viaje en Cartagena.
La Fiscalía también reveló que Padilla intentó encubrir el crimen respondiendo los mensajes de texto que los familiares de la víctima le enviaban a su teléfono, simulando que ella seguía con vida.
El ente acusador denunció que Paula Andrea había sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de Padilla durante años. Pese a que lo denunció y solicitó traslado, nunca fue notificada de la medida, lo que pudo haberle costado la vida.
La Fiscalía solicitó una condena de 41 años y seis meses de prisión, aunque la juez dejó abierta la posibilidad de aumentar la pena hasta los 50 años, decisión que será tomada el próximo 30 de julio.
Este caso se suma a las alarmantes cifras de violencia basada en género en Colombia y reabre el debate sobre los mecanismos de protección efectivos para mujeres víctimas de violencia, incluso dentro de instituciones del Estado.
