¡Quien lo creyera!, el candidato Rodolfo Hernández fue demandado por costear de su bolsillo su propia campaña presidencial, lo que deja en evidencia cómo sus adversarios buscan de todo modo hacer hasta lo imposible para truncar su carrera por la Presidencial de la República.
Así se conoció la noticia este miércoles 15 de junio, cuando los juristas vallecaucanos Indemaro Luján Lozada y Óscar Fuentes Fernández se les ocurrió demandar al exalcalde de Bucaramanga y hoy candidato presidencial Rodolfo Hernández por el hecho de financiar a costos propios su campaña presidencial.
Bajo el argumento de que como el ingeniero Hernández actualmente está imputado en un proceso por supuesta corrupción por presuntamente haber favorecido una licitación de las basuras cuando era alcalde de Bucaramanga, la ley le prohíbe utilizar sus recursos propios para financiar campañas políticas, “Al él estar imputado y acusado dentro de ese proceso penal, se ve inmerso en este tipo penal. Debido a esta circunstancia hacemos la claridad, se hizo la respectiva denuncia ante la Fiscalía y ya quedó debidamente radicada. También se remitió dicha denuncia al Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría”, dijo el abogado Luján.
FORMULAMOS LA DENUNCIA: Mediante radicado 20220613147 la Fiscalía investigará al candidato que financia indebidamente su campaña a la Presidencia, violando el artículo 396 A del código penal. Ya lo comunicamos al CNE y pedimos Agencia especial a La Procuraduría. pic.twitter.com/KvJpzdZVOf
— Indemaro Lujan L. (@IndemaroL) June 13, 2022
Otra financiación a costos propios de Rodolfo Hernández fue la recolección de firmas para validar su inscripción como candidato independiente ante la Registraduría.
La demanda está fundamentada por los juristas en la Ley estatutaria 1475 del 14 de julio de 2022, específicamente en su artículo 27, que prohíbe la financiación de campañas “a las personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad”.
En la Ley 1475 artículo 27 numeral 5 expresa clara y taxativamente que el ingeniero Rodolfo Hernández estaría inhabilitado por esta normatividad, al estar acusado por un delito contra la administración pública. @petrogustavo @PactoCol https://t.co/MIFd29owHa
— Indemaro Lujan L. (@IndemaroL) June 12, 2022
Como soporte, los abogados se remitieron al Código Penal en su artículo 396A, numeral 14, que habla de la financiación de las campañas con fuentes prohibidas que dice que el gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y una multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
FORMULAMOS LA DENUNCIA: Mediante radicado 20220613147 la Fiscalía investigará al candidato que financia indebidamente su campaña a la Presidencia, violando el artículo 396 A del código penal. Ya lo comunicamos al CNE y pedimos Agencia especial a La Procuraduría. pic.twitter.com/gkV2tIO6k7
— Indemaro Lujan L. (@IndemaroL) June 13, 2022
“Como quiera que la comunicación del escrito de acusación es una diligencia personal en la que participó el referido candidato y su apoderado, podemos concluir que tiene el conocimiento de la calidad de imputado y la etapa procesal en la que se encuentra su investigación”, se lee en la demanda.
Pese a haber sido radicado el oficio, su estudio se extenderá durante meses y la justicia deberá determinar después del 19 de julio si existió responsabilidad del hoy candidato presidencial en el escándalo de Vitalogic.
Cabe recordar que aunque la investigación saltó a los ojos de la prensa, el contrato entre la Alcaldía de Bucaramanga y Vitalogic al final no se dio tras las denuncias y el ruido que surgió en medio de la licitación pública.
