Tras la declaratoria de desacato a un fallo de tutela instaurada por la Procuraduría General de la Nación para garantizar el servicio de agua potable, los representantes legales de la Unión Temporal (UT) Progreso Vial San Andrés 22 y la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) fueron sancionados por el Juzgado Segundo Civil Municipal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El juzgado precisó que aunque el Ministerio Público manifestó que han transcurrido más de seis meses sin que se realice la instalación de los registros de paso necesarios para la instalación del cableado requerido, la planta desalinizadora está funcionando a media marcha.
De otra parte, aludió el ente judicial que a la UT y a Aremca se les concedió un mes para reparar la red de media tensión eléctrica del circuito de la desalinizadora, sin que a la fecha hayan cumplido ni hayan dado respuesta alguna sobre el tema.
Por ello, el juzgado sancionó a los representantes de las empresas accionadas con cinco días de arresto y el pago de una multa.
Además, les ordenó agilizar las reparaciones necesarias para restablecer el funcionamiento de la desalinizadora y lograr el suministro de agua potable para los isleños, de manera inmediata.
En su decisión, el fallador consideró que se desconoció lo resuelto en el fallo de tutela 0071-24 del 12 de septiembre de 2024, a través del cual se protegió y garantizó el derecho fundamental al agua a la población de San Andrés.
Adicionalmente, puntualizó que pese al obrar diligente de la Procuraduría, a los distintos llamados realizados y a la notificación que desde el juzgado se remitió, la UT y Aremca guardaron silencio, omitiendo sus deberes frente a la realización de la obra contratada.
El ente de control disciplinario manifestó que con su intervención en este caso, busca garantizar el derecho fundamental al abastecimiento del líquido vital a los habitantes del archipiélago.
Por último, el Juzgado Segundo Civil Municipal de la isla remitió el expediente a la Fiscalía General de la Nación a fin de que se indague por la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial.
