En Colombia se repite un fenómeno que desconcierta a la ciudadanía: personas capturadas en flagrancia, grabadas en video o identificadas por varios testigos, se niegan a aceptar los cargos.
Para muchos, es una burla a la justicia. Para los expertos, es el resultado de un sistema que premia más a quien no es sorprendido en el acto.
El abogado penalista Víctor Ríos, consultado sobre este escenario, explicó que el diseño de las rebajas de pena es el principal culpable.
Quien es capturado cometiendo el delito solo recibe aprox. un 25% de descuento si se allana.
Pero si es detenido por orden judicial —o incluso se entrega voluntariamente— la rebaja puede llegar hasta el 50%.
“Con ese esquema, al delincuente le conviene no aceptar nada. Si la mayoría caen en flagrancia, es absurdo que reciban el menor beneficio”, dijo Ríos.
La táctica: dilatar, dilatar y… esperar el vencimiento
La negativa inicial es casi siempre estratégica. Al no admitir responsabilidad, el caso pasa a más audiencias, más trámites, más congestión.
Esa demora puede favorecer al acusado en dos escenarios:
Vencimiento de términos → el imputado queda en libertad mientras sigue el proceso.
Preacuerdo futuro → más adelante puede negociar con la Fiscalía un beneficio, aunque para ese momento sí debe reparar a las víctimas.
Mientras tanto, las familias de afectados sienten que la justicia avanza a paso lento y desigual.
¿Prescriben los delitos? Sí, casi todos
Según Ríos, la mayoría de delitos sí prescriben. Pero hay excepciones donde el Estado cierra la puerta a beneficios y negociaciones:
Delitos de lesa humanidad
Crímenes contra menores de edad
Delitos con enriquecimiento de funcionarios públicos
Feminicidio, que no admite ningún tipo de acuerdo
Un sistema que pide ajustes urgentes
El experto señala que el problema no es la ley en sí, sino la forma en que está configurado el incentivo.
Si la flagrancia tiene el menor beneficio, quienes son capturados con pruebas contundentes no tienen razones jurídicas para admitir culpa.
Por eso, propone equilibrar las rebajas y rediseñar el modelo de beneficios, con el fin de evitar que la dilación procesal se convierta en la estrategia perfecta para burlar la justicia.
