La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para verificar presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato para la explotación del juego de suerte y azar Baloto, administrado por Coljuegos.
El Ministerio Público indicó que, según información preliminar, la Junta Directiva de Coljuegos habría tomado decisiones que impactaron de manera determinante el proceso licitatorio, como la aprobación de cambios al reglamento del juego, la flexibilización de requisitos y la reducción de la tarifa de explotación económica que debía ser pagada al Estado por parte del concesionario.
La Procuraduría busca establecer si estas decisiones se ajustaron a la normativa vigente y si contaron con la debida viabilidad técnica, jurídica y financiera, especialmente porque podrían afectar los recursos que financian el sistema de salud.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la recolección de pruebas para identificar a los posibles responsables, así como para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, con el fin de determinar si procede continuar con la actuación disciplinaria.
El proceso se encuentra en fase preliminar mientras avanzan las verificaciones.
