La Procuraduría llamó la atención al Ministerio de Trabajo y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez por el alto número de casos de represamiento de solicitudes para alcanzar una pensión por discapacidad.
Las indagaciones hechas por el Ministerio Público dan cuenta, a corte de diciembre de 2023, de 11. 417 casos de personas que esperan su valoración final para acceder a su pensión por invalidez, sin que hasta el momento reciban la decisión por parte de las autoridades pertinentes.
Resulta reprochable para el ente de control, que los usuarios tengan que esperar entre 4, 6 y hasta más de 12 meses sin recibir respuesta a su proceso de calificación, vulnerando derechos de esta población.
Fue por esta razón que la procuradora Claudia Hernández, Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, instó a estas entidades a mejorar la calidad en la prestación del servicio y solicitó, además, a las Salas de Descongestión de la Junta Nacional de Invalidez agilizar los trámites de solicitudes de calificación.
Asimismo, esta delegada, en aras de velar por la garantía de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, en su actuación preventiva, realizará mesas de seguimiento con el propósito de lograr la descongestión efectiva del alto represamiento y de esta manera garantizar resultados óptimos para la población en condición de discapacidad.
