La Procuraduría General de la Nación advierte sobre la crisis humanitaria que se vive en el Tapón del Darién por el retorno al país de al menos 9.000 migrantes provenientes de Panamá, México y Costa Rica, en lo que va de 2025, fenómeno conocido como “flujo migratorio inverso”, según reportes de Migración Colombia.
El equipo de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos evidenció, en visitas realizadas a Necoclí, Turbo, Capurganá y Acandí, en el golfo de Urabá, que esta población, cuyos principales países de origen son Venezuela, India, Afganistán, Colombia y Ecuador, se enfrenta a múltiples riesgos como estafas, discriminación, detenciones arbitrarias y hostigamientos por parte de actores armados que controlan este tránsito irregular.
Los migrantes llegan con altos niveles de estrés psicosocial, lesiones por el tránsito en trochas y lanchas, insolación, quemaduras en la piel, desnutrición, deshidratación y enfermedades como dengue, malaria y fiebre amarilla.
Durante una mesa interinstitucional con los ministerios de Relaciones Exteriores y Transporte, Migración Colombia, Super Transporte, Policía Nacional, Armada, ICBF; así como las alcaldías y personerías de los cuatro municipios visitados, la Procuraduría pidió fortalecer la atención integral en salud para niños, niñas y adolescentes; garantizar apoyo psicosocial, alimentación y rutas de atención con enfoque diferencial, claridad en los procesos migratorios de ingreso y salida, así como en los trámites administrativos de deportación y expulsión.
También se analizaron estrategias para proteger a la población retornada contra la trata de personas, tráfico de migrantes, violencia sexual y de género y se establecieron compromisos como la entrega de planes de contingencia migratoria, seguimiento de la Alerta Temprana Binacional N°01 de 2022, contacto con las embajadas en Colombia para la atención de extranjeros con intención de retornar; así como propiciar una reunión binacional con Panamá.
