La Procuraduría reveló sobre un revés significativo en el caso de corrupción que involucra a dos exfuncionarios de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
Según el procurador judicial Henry Bustos, partes fundamentales del expediente relacionado con el juicio contra Carlos Enrique Robledo y Ángela María Prada se han extraviado en el Juzgado 41 de Conocimiento de Bogotá. Los acusados enfrentan cargos por su presunta participación en la venta irregular de estaciones de servicio y barcos confiscados a la mafia, bajo la administración de la DNE. El proceso se ha visto envuelto en controversia desde que salieron a la luz conversaciones clandestinas entre el juzgado y una fiscal anticorrupción, aparentemente coordinando el curso del juicio mediante chats de WhatsApp y correos electrónicos. En una reciente audiencia, Bustos expresó su consternación por la pérdida de su intervención en la que solicitaba la absolución de Ángela Prada. A pesar de haber solicitado en dos ocasiones al juzgado el video correspondiente, este no fue entregado. “Es fundamental que el expediente esté completo para tomar cualquier decisión judicial de fondo”, subrayó Bustos, haciendo hincapié en la importancia de contar con todas las pruebas antes de emitir un fallo. Tanto la Procuraduría como la defensa de los acusados han insistido en la necesidad de que se revisen exhaustivamente todas las pruebas antes de cualquier decisión final. El caso ha generado una seria preocupación por las presuntas irregularidades procesales y el posible acomodo judicial, lo que ha llevado a la apertura de investigaciones tanto en la Fiscalía como en la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá. Sin embargo, hasta ahora, ambos procesos parecen haber quedado en punto muerto, sin avances significativos. Este incidente subraya los desafíos persistentes en el sistema judicial colombiano, especialmente en casos sensibles que involucran corrupción de alto nivel y la administración de bienes confiscados por actividades ilícitas.
