- El órgano de control estableció que la administración fijó requisitos desproporcionados para contratar la vigilancia de los colegios públicos por $5.453 millones.
La Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad de ocho años y seis meses impuesta a la exgobernadora del Putumayo, Sorrel Parisa Aroca Rodríguez (2016- 2019), y al exsecretario de Educación, Jorge Enrique Ferrín Dorado (2016 – 2017), por irregularidades en la contratación del servicio de vigilancia para las instituciones educativas del departamento, por un monto de 5.453 millones de pesos.
En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular indicó que en el proceso de selección se fijaron requisitos habilitantes inadecuados y desproporcionados frente al alcance de los trabajos que se querían contratar.
Lo anterior porque a las empresas interesadas se les exigió haber desarrollado un contrato de similares características en el departamento, requisito que limitó la participación de oferentes y generó que solo uno quedara habilitado para presentar su propuesta, el cual finalmente fue seleccionado.
Para la Sala “se violó el principio de concurrencia al excluir a aquellas personas jurídicas que no contaban con un coordinador y equipo de trabajo domiciliado en la ciudad de Mocoa, así como a aquellos contratistas que, a pesar de haber ejecutado contratos de vigilancia en otros lugares, no lo habían hecho en el departamento de Putumayo”.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta de los disciplinados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Con el fallo de segunda instancia la sanción impuesta quedó en firme tras su notificación, toda vez que los procesados no se encuentran actualmente en ejercicio de un cargo de elección popular.
