- Gloria Cecilia Cabrales Solano utilizó la figura de convenios interadministrativos para firmar varios contratos, vulnerando normas de la contratación estatal, hechos que le costaron destitución del cargo e inhabilidad por 9 años.
La Sala Disciplinaria de Juzgamiento 1 de la Procuraduría General de la Nación confirmó, en fallo de segunda instancia, la sanción de destitución del cargo e inhabilidad por nueve (9) años a Gloria Cecilia Cabrales Solano, en su calidad de representante legal y gerente de la Empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.
La decisión se fundamenta en que la sancionada suscribió convenios interadministrativos con asociaciones de municipios, desconociendo los requisitos exigidos por la Ley 489 de 1998 para la celebración de este tipo de negocios jurídicos y, además, se estableció que muchas de estas organizaciones beneficiadas no contaban con la capacidad jurídica para ejecutar directamente las obras demandadas en dichos convenios.
Y es que, bajo esta modalidad de contratación directa y escudándose en los convenios interadministrativos, Cabrales Solano hizo arreglos con las asociaciones para hacer obras de acueducto en corregimientos como Los Garzones, de Montería; en la vereda Loma Grande y en municipios como San Pelayo y Tierralta, entre otros.
Recalca el ente de control que la Ley 136 de 1994 es clara en señalar que las asociaciones de municipios pueden organizar conjuntamente la ejecución de obras, pero no ejecutarlas directamente, salvo que acrediten capacidad financiera, operativa, técnica y organizacional para desarrollar el objeto contratado; de cumplir con estos requisitos debían someterse a un proceso de selección competitivo.
La conducta de la exgerente fue acreditada con culpa gravísima por desatención elemental de las normas que debían guiar su actuación; como consecuencia de ello, se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad por nueve (9) años para ejercer cargos públicos, tal como lo había sentenciado en fallo de primera instancia la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Córdoba.
Con esta decisión, la Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso con la transparencia en la gestión pública y el cumplimiento de la normatividad en la contratación estatal.
