La Procuraduría General de la Nación solicitó explicaciones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la comisaría de Familia y la personería de Kennedy, en Bogotá, tras conocerse el caso de un menor de un año y nueve meses que habría muerto a causa de una golpiza propinada por su padrastro. En el mismo hecho, su hermano sobrevivió al presunto maltrato y permanece internado en el hospital El Tintal.
Según datos del Instituto Nacional de Salud, los casos de violencia intrafamiliar en menores de 0 a 5 años alcanzaron los 21.902 a nivel nacional en 2024, lo que subraya la gravedad de la situación. La Procuraduría recordó que la Ley 1098 garantiza a los niños el derecho a una vida digna y protección prioritaria, por lo que exigió respuestas sobre las medidas adoptadas para salvaguardar los derechos de los menores afectados.
Requerimientos al ICBF
La Procuraduría pidió a la directora regional del ICBF, Diana Patricia Arboleda Ramírez, detallar si existen registros de denuncias previas o vulneraciones contra los menores en su Sistema de Información Misional. Además, se solicitó información sobre las medidas de protección adoptadas, las actuaciones del equipo interdisciplinario y el acompañamiento brindado al menor sobreviviente y a su familia.
Comisaría de Familia de Kennedy
Sandra Liliana Cruz Martínez, comisaria de Familia de Kennedy, deberá informar si su despacho tenía conocimiento de medidas de protección por violencia intrafamiliar en esta familia y si se notificaron los hechos a la Fiscalía. También deberá detallar el seguimiento realizado a las medidas adoptadas y si se coordinaron acciones con las autoridades locales para proteger a los menores y la madre.
Intervención de la Personería local
El personero de Kennedy fue solicitado para garantizar el seguimiento al restablecimiento de derechos del menor sobreviviente y su familia. En su calidad de representante del Ministerio Público, deberá asegurar que los afectados reciban justicia, apoyo integral y que no sean revictimizados.
El caso ha generado gran indignación y pone nuevamente en el centro del debate público la necesidad de fortalecer las políticas de protección a la infancia y la vigilancia efectiva frente a la violencia intrafamiliar.
