El Ministerio Público preguntó por los avances en materia de diálogo intercultural, protección ambiental, soberanía alimentaria y fortalecimiento del sistema de salud, entre otros temas.
Dentro del seguimiento preventivo al acatamiento de la Sentencia T-106 de 2025 de la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación verifica los avances en el cumplimiento de este histórico fallo, que busca proteger los derechos fundamentales de las comunidades indígenas del Macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí.
En comunicación dirigida a los ministerios del Interior, Agricultura, Ambiente y Salud; los gobernadores de Amazonas, Caquetá, Guainía y Vaupés, así como a los directores de las Corporaciones Autónomas de la Amazonía, entre otras, la Procuraduría solicitó el reporte sobre la implementación de medidas estructurales en materia ambiental, territorial y de salud.
El Ministerio Público también requirió información sobre los avances en diálogo intercultural e interinstitucional, ordenamiento territorial mediante las ETIS (Estrategia Territorial Integral Social), lucha contra la minería ilegal, protección ambiental, fortalecimiento del sistema de salud con enfoque intercultural, soberanía alimentaria, vigilancia epidemiológica y Planes de Desarrollo.
Finalmente, la Procuraduría puntualizó que es fundamental contar con insumos precisos y actualizados que permitan asegurar la implementación integral de las órdenes impartidas por la Corte bajo los principios de justicia ambiental y étnica, y reiteró su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de estas comunidades y el respeto por sus formas de vida.
