Evaluar la posibilidad de que la JEP ordene medidas cautelares pertinentes para proteger 56 sitios sagrados vulnerados por el conflicto.
Verificar que proyectos de Ocad Paz se estén adelantando y sirvan para suplir la verdaderas necesidades de la comunidad.
La Procuraduría General de la Nación propuso a las autoridades del pueblo Arhuaco, (mamos y Zagas) explorar la posibilidad de que la JEP ordene las medidas cautelares pertinentes para proteger al menos 56 de sus lugares sagrados, ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta, que han sufrido daños considerables a causa del conflicto armado.
La propuesta surgió en el marco de una reunión solicitada por esa comunidad para exponer al Ministerio Público sus preocupaciones frente al trato displicente que aseguran haber recibido por parte de las entidades del estado encargadas de la atención a víctimas, que no tienen en cuenta su cosmogonía, costumbres y necesidades particulares a la hora de adelantar proyectos de reparación.
El procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, aseguró en el encuentro, que es crucial adelantar mesas de trabajo en las que se identifiquen claramente los sitios, los daños y se definan las medidas de protección a solicitar en cada caso.
Por su parte la procuradora delegada para Seguimiento al Acuerdo de Paz, Ceneida López anunció que fortalecerá el seguimiento preventivo a los proyectos autorizados por el OCAD Paz para esta comunidad, con el fin de que estos se hagan teniendo en cuenta los procesos de consulta previa, para que realmente respondan a sus necesidades.
“Debemos avanzar en la reparación de estos pueblos, pero no solo material sino espiritual y cultural(…), para ello debemos reconocer los daños que ellos sufrieron y atenderlos con enfoque diferencial”, aseguró la delegada de Paz.
Finalmente, el delegado Acosta anunció que en los próximos meses se llevará a cabo el gran encuentro de los cuatro pueblos que habitan la Sierra (Arhuacos, Wiwas, Kankuamos y Koguis) con la Procuraduría, para ahondar en sus problemáticas, impulsar su vinculación efectiva a la JEP y, en articulación con otras delegadas de la Procuraduría, como la Ambiental, Tierras y Asuntos Étnicos, poder gestionar respuestas adecuadas del estado a sus diversos requerimientos.
