La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa en averiguación de responsables de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por posibles irregularidades en la contratación pública en el marco de un contrato suscrito por este organismo con una empresa especializada en externalizar procesos de negocio.
Al parecer, en desarrollo de esta contratación se estarían presentando hechos presuntamente irregulares en el manejo de personal, posible desviación de poder, extralimitación de funciones, coadministración indebida y vulneración de derechos laborales.
La queja recibida en 2025 menciona entre otras situaciones, la presunta toma de decisiones administrativas y contractuales de extrema gravedad como la “sustitución de más del 80 % del personal operativo y jurídico, sin evidencia de evaluaciones técnicas objetivas, matrices de desempeño, informes de auditoría o criterios de mérito documentados”.
Se habla también de presuntas desmejoras deliberadas de las condiciones salariales en el marco del mencionado bilateral.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública ordenó la práctica de pruebas documentales relacionadas con el mencionado bilateral con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de indagación.
