La Procuraduría General de la Nación realizó este miércoles una inspección en la sede de Ecopetrol, en el marco de una investigación preliminar relacionada con un contrato suscrito con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, por un valor de 5.8 millones de dólares, cuyo propósito inicial era la elaboración de un análisis de riesgos reputacionales del presidente de la compañía.
Según el Ministerio Público, existen indicios de que este contrato habría sido modificado sin autorización de la junta directiva, con el fin de implementar un mecanismo de interceptación o preservación de comunicaciones internas, afectando a al menos 70 altos funcionarios de Ecopetrol, incluidos varios miembros de la junta.
Durante la diligencia, Ecopetrol indicó que entregó a la Procuraduría la documentación solicitada, incluyendo soportes físicos y digitales, gestión contractual y evidencia de las pesquisas internas. “La entrega fue realizada directamente a los funcionarios designados, bajo estrictos protocolos de integridad, trazabilidad y confidencialidad”, informó la empresa en un comunicado.
La compañía también señaló que su área de Tecnología identificó patrones anómalos en los sistemas corporativos, relacionados con una posible filtración de información confidencial y reservada, lo cual fue notificado a las autoridades.
Ecopetrol reafirmó su disposición a cooperar plenamente con los entes de control, incluyendo la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, en el desarrollo de esta investigación.
