La Procuraduría realizó una inspección disciplinaria a Unidad Nacional de Protección, UNP, para identificar qué servidores públicos incumplieron la normatividad por el uso de camionetas de la entidad para transportar disidentes de las Farc con órdenes de captura vigentes.
El ente de control recaudó pruebas documentales que permitirán establecer el tipo de vinculación de los agentes de protección involucrados en el episodio para determinar responsabilidades después de que en un retén militar, en cercanías de Bello, Antioquia, se detuviera a una caravana en la que se movilizaba un grupo de disidentes de las Farc encontrándose al interior de los vehículos elementos tales como armas de fuego, municiones, dinero entre otros.
Según la directora Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, Lucila Mercedes Vidal Luque, al parecer, el esquema de protección colectivo era prestado por tercerizados: “No descartamos indagar sobre los procesos de contratación y los manuales de funciones de los partícipes en los mismos”.
