La Procuraduría General de la Nación les recordó a los agentes del Estado comprometidos con ejecuciones extrajudiciales en el macrocaso 03 JEP, subcaso Costa Caribe, que les caben responsabilidades por todos los roles que tuvieron relación con estos crímenes, y los llamó a reconocer todo el daño generado y a ponerse al día con la reparación.
“Muy generoso es el acuerdo en entregarles la libertad personal. Hagan el mejor uso de ella poniéndose al día con todas sus fuerzas, sus competencias, y saberes en favor de quienes no tenían por qué sufrir esas agresiones”, apuntó el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, durante la audiencia de observaciones de víctimas sobre versiones de la fuerza pública en este subcaso.
Acosta explicó que no es posible pensar en estructuras desarticuladas para los responsables por acción u omisión en los batallones, brigadas y divisiones, con sus roles tácticos, operativos y estratégicos.
“Hay una responsabilidad por mando y por ejecución, porque existen obligaciones de no agresión, de no permisión, de no promoción de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Hay deberes de cuidado, de control, de diligencia, de humanidad, que ninguno está relevado de cumplir. Es muy grave distorsionar las funciones de cuidado que constitucionalmente obligan a las Fuerzas Armadas”, añadió el Delegado.
También hizo un llamado para agilizar los procesos que se adelantan en la JEP en favor de las víctimas, “todo cuanto hagamos agresores, sociedad e instituciones para entregarles respuestas efectivas no es un favor, es un imperativo. Ni el restablecimiento del buen nombre de las víctimas, ni la recuperación de sus cuerpos da espera porque día a día las fosas se transforman y los cuerpos se degradan”.
Finalmente, el representante del Ministerio Público reiteró a la JEP las peticiones señaladas en su escrito de observaciones sobre este subcaso, en relación con completar y retomar las versiones que aún están pendientes, practicar las pruebas documentales solicitadas, que apuntan a fortalecer las evidencias que comprometen a todos los militares y terceros responsables y compulsar copias a cuanto antes a otros órganos judiciales para que la impunidad no irradie otros tantos responsables, servidores públicos y terceros.
