La Procuraduría General de la Nación solicitó al alcalde de Tierralta, Córdoba, convocar un Consejo de Seguridad extraordinario para adoptar medidas de protección en favor de siete concejales que fueron amenazados de muerte y recibieron un ultimátum de 48 horas para renunciar a sus cargos.
Las amenazas, denunciadas ante la Fiscalía Seccional Montería, estarían relacionadas con la oposición de los concejales a proyectos de acuerdo presentados por el alcalde.
El Ministerio Público también pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar el nivel de riesgo de los cabildantes y otorgarles medidas de protección de emergencia.
El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos rechazó las amenazas, señalando que representan una grave vulneración de los derechos fundamentales y un atentado contra la democracia local.
La Procuraduría exigió respuestas claras y efectivas de las autoridades para evitar riesgos adicionales y aseguró que se mantendrá vigilante sobre la evolución de la situación.
