La condena que convirtió a Álvaro Uribe Vélez en el primer expresidente sentenciado en la historia de Colombia enfrenta ahora un nuevo capítulo judicial. La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al Tribunal Superior de Bogotá revocar el fallo que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria, alegando errores en la valoración de las pruebas.
La apelación fue presentada por el delegado del Ministerio Público, Bladimir Cuadro, quien aseguró que la juez 44 penal de conocimiento, Sandra Heredia, dejó “vacíos” en la evaluación del material probatorio. Según el procurador delegado, el análisis judicial careció de una “observación objetiva” y aplicó de forma indebida figuras jurídicas como la determinación y la tipicidad de los delitos, además de omitir artículos clave del Código Penal y de la Ley 906 de 2004.
En palabras de Cuadro, la Fiscalía no logró demostrar “más allá de toda duda razonable” que Uribe conociera o estuviera al tanto de los hechos que motivaron su condena por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. “La sentencia no examinó a fondo este punto medular para cada uno de los episodios analizados”, enfatizó.
Mientras tanto, la defensa del exmandatario, encabezada por Jaime Granados, tiene plazo hasta el 13 de agosto para presentar su propio recurso ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que estudiará el caso bajo la magistratura de Leonel Rogeles y Aura Alexandra Rosero.
El fallo original, dictado hace pocas semanas, marcó un precedente sin antecedentes en el país, al señalar a Uribe como determinador de los delitos imputados. Ahora, la batalla judicial se traslada a una segunda instancia que podría ratificar la sentencia, modificarla o incluso absolver al expresidente.
El desenlace no solo será clave para el destino judicial de Álvaro Uribe, sino también para el clima político del país, que sigue dividido entre quienes ven en el fallo una victoria de la justicia y quienes lo interpretan como un proceso marcado por sesgos y vacíos probatorios.
