- En el sitio de reclusión femenina se afectó el normal desarrollo de las actividades, este 12 de marzo.
- Una de los sitios afectados fue la guardería, un lugar destinado para que los hijos de las privadas de la libertad, menores de tres años, puedan pernoctar y realizar actividades durante el día.
La Procuraduría General de la Nación requirió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)
aportar información sobre las acciones adelantadas con ocasión de la inundación ocurrida en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué (COIBA) Picaleña.En comunicación enviada al director nacional, al director de Infraestructura y a la subdirectora de Construcción y Conservación de la citada entidad, e
l ente de control requirió un reporte sobre las acciones prioritarias asumidas para mitigar el riesgo evidenciado en el sitio de reclusión femenina donde se afectó el normal desarrollo de las actividades, este 12 de marzo.De acuerdo con los hallazgos de la Defensoría del Pueblo Regional Tolima, en el bloque cuatro donde funciona la Reclusión de Mujeres,
los sifones devolvieron las aguas servidas al área de sanidad y a la guardería, un lugar destinado para que los hijos de las privadas de la libertad, menores de tres años, puedan pernoctar y realizar actividades durante el día.Dada la competencia establecida en la Directiva PGN 001 de 2016,
la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima solicitó a la USPEC indicar las actuaciones que tiene previstas para superar la situación, que se suman a las muchas necesidades que en materia de infraestructura requiere ese Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON).Asimismo, el ente disciplinario recordó que en vigencias anteriores, en el marco de la mesa de asuntos penitenciarios,
la Procuraduría ha alertado a las autoridades acerca de múltiples inconsistencias encontradas durante el seguimiento preventivo que adelanta dentro del establecimiento carcelario.Por último, el Ministerio Público
reafirmó que con esta labor propende por el diálogo entre las partes involucradas y actúa en defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad para evitar, entre otras, posibles afectaciones en la salud de la población privada de la libertad, así como en el bienestar de los niños y niñas que hacen uso de estos espacios.
