Funcionarios del ente de control realizaron una inspección disciplinaria para avanzar en la indagación sobre un polémico contrato por 5 millones de dólares.
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La diligencia se prolongó por más de cinco horas en las oficinas centrales de la petrolera estatal. Se investiga un contrato de 5 millones de dólares presuntamente usado para interceptar comunicaciones.
Este miércoles, un equipo especial de la Procuraduría General de la Nación llevó a cabo una minuciosa inspección en la sede principal de Ecopetrol, ubicada en el centro de Bogotá. La operación, que se extendió durante cinco horas, hace parte de una investigación preliminar por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de un contrato por cerca de cinco millones de dólares.
La diligencia fue liderada por funcionarios de la Unidad de Contratación Estatal y de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, quienes, con funciones de policía judicial, recopilaron documentos, realizaron entrevistas y examinaron oficinas clave de la compañía. Todo el material recolectado será evaluado para determinar si se abre o no una investigación formal.
El contrato bajo la lupa habría sido firmado con la firma internacional Covington & Burling LLP en agosto de 2024. Según información citada por la revista Semana, su objetivo inicial era asesorar a la junta directiva de Ecopetrol en temas de riesgos y reputación, especialmente relacionados con la figura del presidente Ricardo Roa. Sin embargo, el documento habría sido modificado sin autorización de la junta, y se habría utilizado como base para interceptar comunicaciones internas.
La Procuraduría señala que, de confirmarse estos hechos, se podrían configurar faltas disciplinarias graves. En su auto del 29 de mayo, el Ministerio Público ordenó la retención y preservación de comunicaciones electrónicas de al menos 70 funcionarios, incluyendo correos electrónicos, documentación física y digital, e incluso datos extraídos de computadores, celulares y tabletas.
“Las instrucciones habrían provenido de altos niveles dentro de la compañía, con el objetivo de acceder a información confidencial vinculada a contratos, actas, correspondencia y otros documentos sensibles,” precisa el documento del órgano de control.
Con la evidencia recolectada, la Procuraduría busca determinar responsabilidades individuales en la estructuración, adjudicación y ejecución del contrato. Por ahora, el caso sigue en etapa preliminar, pero se espera que en los próximos días se tomen decisiones sobre la apertura formal del proceso disciplinario.
