La Procuraduría General de la Nación insistió ante la Fiscalía en la necesidad de suspender la licitación para adquirir un sistema biométrico destinado al CTI, cuyo valor supera los 37.000 millones de pesos. El ente de control envió un nuevo documento con observaciones, en el que señala presuntas irregularidades en el proceso.
La insistencia del Ministerio Público se dio luego de que, pese a las advertencias, la Fiscalía continuara con el trámite de selección y fijara para el 7 de noviembre la reanudación de la audiencia de adjudicación del contrato.
Según el ente investigador, el aplazamiento responde a “compromisos administrativos inaplazables” del Director Ejecutivo, encargado de la ordenación del gasto, lo que obligó a reprogramar la diligencia.
La Procuraduría reiteró que ha identificado fallas en la evaluación de los proponentes, inconsistencias en el estudio del sector y en la valoración de la oferta económica. Por ello, volvió a exhortar a la Fiscalía a revocar el auto de apertura del proceso, al considerar que el nuevo cronograma vulneraría el estatuto de contratación estatal.
El Ministerio Público recordó que, inicialmente, el tiempo entre el inicio y adjudicación de la audiencia debía estar entre el 10 y 22 de octubre; sin embargo, con la fecha fijada para el 7 de noviembre, se estarían otorgando seis días adicionales, superando el máximo de cuatro permitidos.
