La Procuraduría General de la Nación requirió a los 23 municipios del Departamento del Atlántico y a ocho del Magdalena un informe detallado sobre los programas, acciones y actividades realizadas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y maltrato infantil, debido al incremento de casos en la región.
La Procuraduría Provincial de Barranquilla solicitó a los mandatarios locales del Atlántico y del Cerro de San Antonio, Concordia, El Piñón, Pedraza, Pivijay, Remolino, Salamina, y Sitionuevo, Magdalena, el último informe semestral elaborado por el Comité Interinstitucional Consultivo para la prevención de la violencia sexual, según lo ordenado en la Ley 1146 de 2007.
Además, pidió a los alcaldes una relación de las denuncias interpuestas por los comités interinstitucionales ante las autoridades competentes durante el último año, y el número de casos que están siendo atendidos actualmente en cada municipio.
El Ministerio Público también vinculó a esta acción preventiva de vigilancia y control al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de evitar la vulneración de los derechos de la intimidad sexual de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso.
