La Procuraduría General de la Nación respaldó este lunes 15 de diciembre la solicitud de la Fiscalía para imponer medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por presuntos hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías.
Durante su intervención ante el Tribunal Superior de Bogotá, el delegado del Ministerio Público consideró que la medida restrictiva de la libertad resulta necesaria para proteger el proceso penal. Según expuso el procurador Mario Enrique Gómez, las pruebas presentadas por la Fiscalía vinculan de manera directa a los exfuncionarios con los hechos investigados y evidencian un riesgo para el desarrollo de la actuación judicial.
“La solicitud de la medida busca evitar el relacionamiento de personas que, aunque hoy no ocupan cargos oficiales, conservan una influencia política significativa que podría incidir en funcionarios o contratistas que aún no han sido formalmente vinculados a la investigación”, señaló el representante de la Procuraduría, al indicar que la detención domiciliaria, con restricciones de visitas y comunicaciones, sería una medida idónea y proporcional.
En ese sentido, el Ministerio Público coincidió con la Fiscalía en que la detención en residencia permitiría prevenir riesgos como la fuga, la presión a testigos o la posible alteración de elementos materiales probatorios.
De acuerdo con la imputación de cargos, la Fiscalía sostuvo que entre 2022 y 2023 los entonces ministros Bonilla y Velasco habrían dado instrucciones para direccionar contratos de la UNGRD y del Invías con el fin de favorecer a un grupo de congresistas que integraban comisiones clave del Senado, entre ellas la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y las comisiones Primera y Cuarta.
La fiscal delegada afirmó que ambos exministros habrían hecho parte de una supuesta “empresa criminal” cuyo propósito era asegurar apoyos políticos a iniciativas del Gobierno mediante la entrega de contratos públicos. Estas acusaciones se sustentan, entre otros elementos, en los testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exsubdirector Sneyder Pinilla, y la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quienes firmaron principios de oportunidad con la Fiscalía.
Según estos testigos, los exministros habrían impartido órdenes directas para beneficiar a congresistas específicos y gestionar las dificultades surgidas ante la negativa de algunos legisladores a respaldar proyectos de reforma.
La Fiscalía imputó a Bonilla y Velasco los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de determinadores. Ambos exfuncionarios se declararon inocentes durante la audiencia.
La magistrada de control de garantías definirá el próximo 18 de diciembre si acoge o no la solicitud de medida de aseguramiento contra los dos exministros.
