Para el Ministerio Público, la baja ejecución afecta el Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas y en Riesgo.
Ante la baja ejecución de los compromisos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que fueron pactados en el marco de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI), la Procuraduría General de la Nación solicitó a diferentes entidades del Gobierno un informe ejecutivo y cronogramas de trabajo sobre los avances alcanzados.
Entre los puntos pendientes de cumplimiento se encuentran la consulta previa para actualizar la Ley de Mujer Rural, la creación de centros de formación propia para liderazgo indígena, la implementación de iniciativas comunitarias contra la violencia sexual a niños y adolescentes y la formulación de un plan de formación socioambiental intercultural.
Para el Ministerio Público, este estancamiento es una grave afectación al Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas y en Riesgo, establecido mediante el Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional.
