Este jueves surgió un fuerte debate jurídico y político en torno a la petición del presidente Iván Duque al Congreso, donde se pide que la semana entrante, durante la próxima legislatura se debata un proyecto de ley moderno antidisturbios y antivandalismo.
Sobre el particular, de inmediato reaccionaron los partidos políticos y sentaron posiciones al respecto, si es necesario impulsar una nueva legislación o aplicar las normas ya vigentes. Sin embargo, otros congresistas, analistas y distintos sectores consideraron que la polémica nacional e internacional alrededor del accionar de la Fuerza Pública en medio de la ola de paros, no da para que en estos momentos se proyecte una norma como la propuesta por Duque.
Entre tanto, lo verdaderamente cierto es que en la ceremonia de ascenso del director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, el Jefe de Estado indicó que “tenemos que rechazar con claridad la violencia y el vandalismo, y por eso invito a todos los miembros del Congreso de la República a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios, para que no pretendan quienes promueven esas prácticas pasar impunemente por soslayar los derechos de los colombianos”.
Por su parte, el Presidente declaró que la Constitución consagra el derecho a la protesta pacífica “y esa connotación no amerita discusión”. Pero hizo énfasis en que la protesta pacífica debe estar exenta de violencia, de vandalismo, de disturbios y de bloqueos, “porque la protesta pacífica no puede ni busca afectar derechos colectivos”.
Agregó que, “por eso, es muy importante también diferenciar entre lo que debe ser una expresión pacífica y lo que es vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad, destrucción de la infraestructura o violentar los derechos de la ciudadanía”.
“A esos actos se les enfrenta con toda la capacidad institucional, con todo el imperio de la ley y con todo el apego a los derechos humanos”, sostuvo.
Agregó el Presidente que “… debe existir cero tolerancia frente a esos fenómenos y debe actuar la Fuerza Pública con toda la legitimidad, porque esos hechos no solamente violentan el orden institucional y el orden constitucional, sino que también amenazan a toda la sociedad colombiana”.
Para algunos expertos penalistas al respecto de cuál podría ser la reforma que el Presidente quiere que el Congreso debata y apruebe.
“… Ley contra el vandalismo y antidisturbios como tal no hay… Lo que sí hay es el Código Penal y allí están claramente tipificados los delitos más recurrentes que se cometen en acciones de vandalismo y actos de violencia durante la protesta social, sin que esta tenga algo que ver con los primeros”, precisó el jurista, que pidió la reserva de su nombre.
Agregó que si se revisan los partes de la Fiscalía sobre la judicialización de los delitos cometidos durante la reciente ola de paros, asonadas, bloqueos y demás, el listado es muy largo: hurto, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno, obstrucción a vía pública que afecta el orden público; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; terrorismo, incendio, perturbación en servicio de transporte colectivo u oficial; receptación, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; amenazas, uso de menores de edad en la comisión de delitos, homicidio, secuestro extorsivo; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; instigación a delinquir, violación de medidas sanitarias, concierto para delinquir y utilización ilegal de uniformes e insignias.
“… Habría que revisar si lo que quiere el Gobierno es agravar las penas a esos delitos, ya sea de forma directa al tipo penal básico o como agravante si se cometen en el marco de una protesta social que pasa los límites legales y entra en el campo de conductas señaladas en el Código Penal como típicas, antijurídicas y culpables”, precisó.
Para otros expertos, la norma a reformar no es el Código Penal sino el Código de Convivencia Ciudadana y de Policía, que es un cuerpo normativo que contiene disposiciones de carácter preventivo y busca establecer las condiciones para la convivencia de los habitantes “…al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente”.
Entre los objetivos específicos de este Código, por ejemplo, está el “promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los derechos correlativos de la personalidad humana” así como “definir comportamientos, medidas, medios y procedimientos de policía” y “establecer la competencia de las autoridades de policía en el orden nacional, departamental, distrital y municipal, con observancia del principio de autonomía territorial”.
Este último tema es clave pues ayer Duque advirtió, luego de pedir al Congreso que legislará sobre antivandalismo y antidisturbios, que la responsabilidad de reprimir la violencia y el vandalismo también recae sobre gobernadores y alcaldes, “porque la defensa del orden público es una especie de pirámide institucional, que empieza desde lo local hasta el comandante supremo, pero donde ninguno puede relativizar nuestra competencia y nuestro deber de proteger la vida, honra, derechos y libertades”.
“Actuar donde se presenten disturbios y vandalismo es un deber y no puede ser ni soslayado ni eludido, ni mucho menos se pueden presentar en el territorio actitudes conniventes ni indiferentes de mandatarios locales frente a esos fenómenos, porque se estaría asistiendo a un incumplimiento del deber”, subrayó.
Es más -según lo recordó ayer uno de los expertos dice que ese mismo Código es precisamente el que contiene en su artículo 170 la figura de la “asistencia militar” a que pueden acudir los alcaldes y gobernadores para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones.
Como se sabe, en medio de la parte más complicada de los bloqueos y paros, el Gobierno expidió el decreto 575 de mayo, que permitió a los mandatarios seccionales y locales de varios departamentos y municipios poder acudir a la “asistencia militar” para restablecer el orden público en su región y levantar los bloqueos.
Habría una tercera alternativa para fortalecer la capacidad antidisturbios y antivandalismo de las autoridades. Sería la de ajustar, precisamente, los protocolos de acción de la Fuerza Pública ante la protesta social. La norma más reciente, expedida luego de que el año pasado la Corte Suprema ordenó al Gobierno hacer una nueva reglamentación, es el decreto 2021 de enero pasado.
Esa norma contiene “el Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado ‘Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
En este decreto, por ejemplo, está lo relativo a la intervención del Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad), que es una de las fuerzas de choque de la autoridad que más controversia ha generado en medio de la ola de paros que comenzó el 28 de abril.
Paradójicamente ya el presidente Duque le había pedido a este Congreso que, tras lo ocurrido en el paro y la polémica sobre el accionar de la Fuerza Pública en la represión al vandalismo y el desborde violento de la protesta social, tramite a partir del próximo 20 de julio un proyecto de ley de un nuevo Estatuto Disciplinario Policial.
De igual manera, ya el pasado 18 de junio los ministerios del Interior y Defensa, junto a la Dirección de la Policía Nacional, dieron a conocer un nuevo marco legal de garantías para quienes ejercen el derecho a la protesta pacífica, y también para quienes no lo ejercen y requieren ver sus derechos protegidos.
Igualmente se modificó la estructura del Ministerio del Interior. El Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos será ahora el Viceministerio del Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos. El Gobierno anunció la creación del Sistema Nacional de Gestión del Diálogo Social y Resolución de Conflictos y la creación del Observatorio de la No Discriminación y la no Estigmatización. También se creará el Viceministerio de Política de Defensa y Seguridad Ciudadana.
D.A.
