De acuerdo con la información, las pesquisas están siendo desarrolladas por las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, con apoyo de la DEA y del HSI. Los investigadores analizan posibles reuniones del mandatario con narcotraficantes y eventuales aportes ilegales a su campaña presidencial, aunque hasta el momento no hay claridad sobre si estos procesos derivarán en cargos formales.
El desarrollo de estas investigaciones ocurre en un contexto de relaciones complejas entre Bogotá y Washington, particularmente con la administración de Donald Trump, quien ha mantenido una postura crítica hacia el mandatario colombiano.
Trump ha cuestionado en repetidas ocasiones a Petro, incluso con ataques personales, y ha intensificado su presión sobre Colombia en temas como narcotráfico, migración y cooperación en seguridad. Aunque no hay evidencia de que la Casa Blanca haya impulsado directamente las investigaciones, el contexto político ha alimentado especulaciones sobre un posible uso estratégico del sistema judicial en política exterior.
En paralelo, Washington ha endurecido su postura en la región. A comienzos de año, el gobierno estadounidense capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar y lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, en una acción que marcó un precedente en la política regional.
Antecedentes y controversias en Colombia
El presidente Petro ha negado de manera reiterada cualquier vínculo con estructuras del narcotráfico y ha defendido los resultados de su política de seguridad, asegurando que su gobierno ha combatido el cultivo de coca y a los grupos armados ilegales.
Sin embargo, las investigaciones en Estados Unidos coinciden con antecedentes polémicos en Colombia. En 2023, su hijo reconoció ante la justicia que dinero de origen ilícito ingresó a la campaña presidencial de 2022, aunque el propio Petro ha insistido en que no tuvo conocimiento de esos hechos y ha calificado las acusaciones como políticamente motivadas.
En el mes de octubre de 2025, el presidente Petro, su hijo Nicolás Petro Burgos, su entonces esposa Verónica Alcocer y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista de sanciones de la OFAC por presuntos negocios ilícitos antes los ojos del Departamento de Justicia.
Relación bilateral: de la confrontación a una tregua frágil
Las relaciones entre ambos gobiernos han pasado por momentos de alta tensión. A inicios de año, Petro bloqueó el ingreso de vuelos militares estadounidenses con deportados, lo que provocó amenazas de sanciones comerciales por parte de Washington. Posteriormente, Estados Unidos revocó su visa durante la Asamblea General de la Naciones Unidas, tras declaraciones polémicas del mandatario colombiano.
La situación se agravó con sanciones económicas del Departamento del Tesoro contra Petro y su entorno, y acusaciones directas sobre el aumento del flujo de cocaína hacia territorio estadounidense.
No obstante, en enero se produjo un acercamiento inesperado. Ambos mandatarios sostuvieron una llamada telefónica que fue descrita como “histórica”, seguida de una visita de Petro a la Casa Blanca que permitió reducir parcialmente las tensiones.
