Los porteros y vigilantes de edificios son uno de los eslabones más frágiles del empleo formal urbano. Generalmente trabajan en turnos rotativos, con alta carga nocturna, dominical y festiva. Justo los recargos que la reforma laboral pretende encarecer de forma drástica.
Hagamos el ejercicio simple:
Un edificio promedio necesita tres porteros para cubrir 24/7. Si el salario mínimo sube 23% y, además, las horas extra desde las 7:00 p. m., domingos y festivos pasan a pagarse al 100% o más, el costo real por trabajador no sube 23%, sino fácilmente entre 35% y 45% cuando se suman recargos, prestaciones y seguridad social.
Ahora la pregunta incómoda:
¿Están dispuestas las copropiedades a subir la cuota de administración 30% o más para sostener esa nómina completa?
En la práctica, no.
Las administraciones tienen tres opciones, y ninguna es ideológica, todas son contables:
1. Automatizar: porterías virtuales, lectores de placas, cámaras, control remoto.
2. Reducir turnos: pasar de tres porteros a dos, o eliminar el turno nocturno.
3. Tercerizar con menos personal, más rotación y menor estabilidad.
El resultado es previsible:
menos empleo formal, más desempleo o informalidad, precisamente en un sector donde hoy todavía hay contratos, seguridad social y estabilidad relativa.
¿Cuántos podrían quedar desempleados en 2026?
No hay una cifra exacta, pero basta una aproximación conservadora: si solo 1 de cada 5 edificios reduce un portero, estamos hablando de decenas de miles de empleos formales perdidos a nivel nacional.
No es maldad empresarial ni insensibilidad social.
Es aritmética pura.
Cuando el costo del trabajo supera la capacidad de pago, el trabajo no se protege:
se elimina.
