La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, se declaró inocente ante los cargos de lavado de activos y tráfico de influencias que le imputó la Fiscalía General de la Nación. Ortiz, quien fue señalada como una de las presuntas implicadas en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), no aceptó los cargos en su contra y negó haber tenido participación en el desfalco de 3.000 millones de pesos.
Durante la audiencia de imputación realizada este viernes en el Juzgado 3 de Garantías de Bogotá, la Fiscalía expuso su teoría de que Ortiz habría actuado como “mensajera” en un esquema de sobornos que desvió recursos de la UNGRD. La exfuncionaria, según las pruebas presentadas por el ente acusador, habría facilitado la entrega de estos fondos ilícitos a figuras de alto perfil político, como el entonces presidente del Senado, Iván Name.
A pesar de las pruebas presentadas, que incluyen testimonios de testigos, registros telefónicos y grabaciones de seguridad, Ortiz rechazó los señalamientos y aseguró que no cometió ningún delito. En su defensa, indicó que la acusación carece de base legal y que no participó en ninguna transacción ilícita.
En respuesta a la gravedad de los cargos y la falta de aceptación de los mismos por parte de la exconsejera, la Fiscalía General solicitó que Ortiz sea enviada a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra. El fiscal delegado, María Cristina Díaz, argumentó que debido a la naturaleza de los delitos y las pruebas reunidas, existe un riesgo de fuga y una posible obstrucción de la justicia si la imputada permanece en libertad.
El caso de la UNGRD ha tomado gran relevancia en el país, no solo por el desvío de fondos públicos, sino también por las implicaciones políticas que involucra. La decisión del juez sobre la solicitud de medida de aseguramiento será tomada en las próximas horas.
Con la audiencia de hoy, el caso sigue su curso y la atención se centra ahora en los próximos pasos judiciales, mientras la Fiscalía continúa con la investigación para determinar la responsabilidad de otros posibles implicados en el escándalo.
