El Juez consideró que faltó tener en cuenta aspectos importantes para garantizar la efectiva reparación de las víctimas, que en este caso son la Rama Judicial y la Fiscalía General.
El preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y el empresario Carlos Mattos, por los sobornos millonarios que pagó a jueces de la República para salir beneficiado con medidas cautelares en el litigio judicial de Hyundai, no fue aprobado por el juez 30 penal del circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
Advierte el juez que no acepta la negociación del preacuerdo, por considerar que no se tuvieron en cuenta aspectos importantes para garantizar la efectiva reparación de las víctimas, que en este caso son la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
También planteó el operador judicial que existiría un doble beneficio para Mattos, al considerar una rebaja de la condena y que posteriormente se eliminara uno de los delitos, por lo que la negociación sería contraria a la ley.
Hay que decir que este caso se relaciona con las coimas que se pagaron al juez sexto civil de Bogotá, Reinaldo Huertas, con el fin de que lo favoreciera en un millonario pleito judicial para lograr la representación exclusiva de la marca Hyundai en Colombia.
Aseguró la Fiscalía General de la Nación que el soborno que supuestamente fue entregado al juez Huertas ascendió a los 700 millones de pesos.
Se dijo que por este caso se había acordado una condena de 56 meses de prisión, es decir 4 años y seis meses. También debía que comprometerse a contar todos los detalles de cómo se planificó y perpetró el soborno, además de pagar una indemnización de un millón de dólares y comprometerse a servir de testigo dentro del proceso.
La Fiscalía General por estos hechos en octubre de 2018 le imputó los cargos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, daño en sistema informático y cohecho.
También se conoció en medio de la audiencia, que el periodista Gonzalo Guillén, quien no fue reconocido como víctima interpuso una acción popular, sin embargo no existe ninguna orden o medida cautelar que hubiese afectado el desarrollo de la audiencia.
Finalmente se indicó que el próximo 29 de marzo la Fiscalía General presentará nuevamente el preacuerdo con las correcciones que sean necesarias.
