A través de una carta enviada al Congreso de la República un amplio grupo de líderes y agremiaciones económicas le solicitaron al Legislativo que no se apruebe el proyecto por medio del cual se pretende modificar el Sistema General de Participaciones.
En el documento, la Anif entre otros gremios expresaron:”los firmantes expresamos nuestro desacuerdo e inquietud por el trámite en curso del proyecto de acto legislativo que modificaria las reglas para redistribuir los ingresos corrientes de la Nación”.
Según lo explicaron, les preocupa que tanto los funcionarios del gobierno que lo han propiciado como los congresistas que lo apoyan no le han prestado atención al temor que tanto los exministros de Hacienda como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Fedesarrollo, Anif y el Banco de la República han expresado.
En esa línea, detallaron que si se aprueba la modificación al Sistema General de Participaciones en la forma como ha sido presentada y en el estado actual de su discusión, “se le causaría un daño irreparable a las finanzas públicas y se afectaría severamente la capacidad del Rstado de cumplir con sus funciones”.
“Estas advertencias se han hecho con base en estudios y analisis serios llevados a cabo por especialistas experimentados. Ellas se refieren a la severa disminución del PIB, del consumo privado, del bienestar social y de la inversión que causaría la reforma, y al aumento de la deuda pública por encima de niveles sostenibles”, pusieron de presente.
Detallaron en ese sentido, que los pronósticos no pueden pasarse por alto y deben ser sometidos a un serio análisis tanto de parte del gobiero “que tiene la obligación de parar el trámite del proyecto por las consecuencias advertidas, como de los miembros del Congreso que voten a favor de los cambios”.
Finalmente, señalaron que si se cumplen estos pronósticos, los funcionarios involucrados del gobierno y del Congreso “no podrán alegar cuando se les llame a responder por la catástrofe que causó la reforma que no fueron advertidos y tendrán que enfrentar la responsabilidad legal que se les atribuiría por los daños a la administración del Estado y a sus finanzas y la responsabilidad disciplinaria por incumplir sus funciones legales”, concluyeron.
