El presidente Gustavo Petro ha emitido seis decretos y prórrogas desde 2023 para suspender operaciones militares contra las disidencias conocidas como ‘Estado Mayor de Bloques y Frentes’ (EMBF), dirigidas por alias Calarcá Córdoba. Estas órdenes, enmarcadas en la política de paz total, buscaban facilitar diálogos y reducir afectaciones a la población civil. Sin embargo, la estrategia vuelve a generar debate tras revelarse posibles vínculos entre miembros del Ejército y esta estructura armada.
La primera mesa de diálogo con estas disidencias se instaló el 16 de octubre de 2023 en Tibú, Norte de Santander. Entonces, el Gobierno formalizó conversaciones con grupos que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016, entre ellos los liderados por Iván Mordisco y Calarcá Córdoba. Ese mismo mes se expidió el Decreto 1684, que ordenó un cese de operaciones por tres meses y que abrió la puerta a compromisos, como la promesa del grupo armado de no realizar secuestros extorsivos.
Tras evaluar como positiva esta primera fase, el Gobierno prorrogó el cese mediante el Decreto 016 de 2024, que extendió el acuerdo por seis meses. Sin embargo, la ruptura interna entre las disidencias —Mordisco decidió apartarse de la facción de Calarcá— debilitó el proceso y obligó a replantear los territorios cubiertos por la tregua.
Aun así, el Ejecutivo insistió en la negociación y renovó el cese a través del Decreto 888 de julio de 2024, y posteriormente lo amplió mediante el Decreto 1280 en octubre de ese mismo año, con vigencia hasta abril de 2025. Pero este periodo estuvo marcado por hechos violentos y enfrentamientos entre las facciones, lo que aumentó las dudas sobre la efectividad del proceso.
Llegado abril, ambas partes pidieron una extensión, pero el Gobierno negó la solicitud, argumentando incumplimientos. No obstante, el 17 de abril Petro volvió a suspender las operaciones hasta mayo de 2025, para permitir la “reubicación” de los frentes involucrados.
Actualmente, continúan diálogos entre el Gobierno y la facción de Calarcá en Caquetá, donde se discuten medidas para reducir la intensidad del conflicto y proteger a la población.
Las nuevas revelaciones sobre presuntos vínculos entre militares y esta estructura han encendido las alarmas. Se espera una investigación a fondo para esclarecer si existieron conversaciones irregulares entre hombres del Ejército y el grupo armado. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que colaborará plenamente con la justicia, mientras que el general (r) Juan Huertas negó cualquier relación. Entretanto, la publicación de Noticias Caracol señala que Huertas habría promovido una propuesta que beneficiaría al grupo ilegal, lo que promete mantener el tema en la agenda nacional.
