Tres de las plataformas más importantes de servicios de movilidad y transporte de pasajeros serán investigadas por supuestas infracciones a la libre competencia en Colombia.
Se trata de Uber, DiDi y Cabify, empresas a las que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les formuló pliego de cargos.
La entidad busca determinar si las investigadas habrían infringido el régimen de protección de la competencia y de competencia desleal administrativa “al haber promovido la prestación de servicios de transporte en incumplimiento de la regulación del sector y en condiciones que habrían generado ventajas competitivas en beneficio de los prestadores que están vinculados a las plataformas”.
Según explicó la entidad, las empresas investigadas habrían promovido la prestación ilegal de servicios de transporte al haber ejercido una influencia determinante en la organización, planificación y prestación de esos servicios mediante conductores y vehículos no autorizados.
Para la SIC esto sucede porque las plataformas harían posible la prestación de los servicios y se encargarían de determinar aspectos fundamentales como el cálculo de tarifas, la administración del sistema de recaudo, la fijación de la comisión de la plataforma, y la determinación de los ingresos de los conductores.
“Todo lo anterior sería indicativo de la influencia fundamental de las plataformas, que no se limitarían a un simple rol de intermediación”, apuntó la Superintendencia.
Para la entidad, el hecho del incumplimiento de la regulación del sector transporte, habría generado ventajas competitivas para las plataformas y los conductores que prestan el servicio a través de ellas.
Por ejemplo, “les habría permitido acceder a la prestación de un servicio sin cumplir las condiciones para esto, definir la capacidad transportadora disponible, establecer la localización geográfica de los servicios, calcular las tarifas, y no incurrir en los costos de acceder y permanecer en el mercado”, agregó.
Las investigaciones son tres separadas, para cada una de las plataformas y según la SIC el propósito de la actuación administrativa es que, con los argumentos presentados por las plataformas y la participación de todo aquel que tenga un interés directo, se determine si la actividad investigada está acorde o no al régimen de libre y leal competencia.
“Con este ejercicio la autoridad de competencia invita a una discusión abierta y transparente dirigida a construir y entender las dinámicas del mercado desde todas las perspectivas relevantes para generar soluciones que beneficien a todos los involucrados y, principalmente, a los consumidores”, detalló la Superindustria.
