La Federación Colombiana de Víctimas de las FARC pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz investigar a la senadora Sandra Ramírez por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, debido a su rol en la estructura guerrillera.
La Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (FEVCOL) presentó una solicitud formal ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pidiendo que Sandra Ramírez, conocida en la guerra como ‘Griselda Lobo’, sea vinculada al macrocaso 07 como responsable principal de los crímenes de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado.
El documento, dirigido a la magistrada Lily Andrea Rueda de la Sala de Reconocimiento, argumenta que, en su papel de liderazgo dentro de las extintas FARC-EP, Ramírez no solo tenía conocimiento de prácticas como la esclavitud sexual, los abortos forzados y el reclutamiento de menores, sino que también, por omisión, promoción o silencio, contribuyó a su perpetuación.
La solicitud no se basa en una orden directa dada por Ramírez, sino en su influencia dentro de la estructura de las FARC, su cercanía con figuras clave como Manuel Marulanda y su participación en las decisiones estratégicas de la organización, lo que refuerza su responsabilidad indirecta en los crímenes denunciados.
El abogado representante de las víctimas argumenta que su responsabilidad se enmarca en doctrinas del derecho internacional como la “contribución significativa” y la “responsabilidad por omisión”, reconocidas por la Corte Penal Internacional.
La solicitud cita testimonios de excombatientes, informes entregados a la JEP y entrevistas difundidas en medios de comunicación, en los que se señala a Ramírez como partícipe o conocedora de los abusos sufridos por niñas y mujeres dentro de la guerrilla. También se hace referencia a su papel posterior como vocera del partido Comunes, en el que ha negado la existencia de una política sistemática de violencia sexual en las FARC.
La petición se respalda en los estándares del Estatuto de Roma, la CEDAW, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU y el propio Acuerdo de Paz, que excluye de amnistía los crímenes de violencia sexual. Asimismo, recuerda que la JEP ha reconocido el carácter sistemático de estos delitos, especialmente en contextos de reclutamiento infantil, como lo documenta el macrocaso 07.
FEVCOL insiste en que la centralidad de las víctimas, la verdad plena y la rendición de cuentas son pilares del sistema transicional, por lo que pide a la JEP evaluar el papel de Sandra Ramírez con base en su incidencia en el patrón de macrocriminalidad, aun sin haber tenido mando militar directo.
