La Superintendencia Nacional de Salud respondió este lunes a las alertas de la Contraloría sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras en la Nueva EPS, actualmente bajo intervención del Gobierno.
El ente de control había señalado el pasado 9 de septiembre que existían problemas como anticipos no legalizados, represamiento de facturas sin auditar, cuentas por pagar en aumento, falencias en contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas. En su informe preliminar, la Contraloría identificó 22 millones de registros por 22,1 billones de pesos y detectó 9,1 millones de facturas repetidas.
Ante esto, el superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, reconoció que ya se habían advertido estas dificultades y explicó que los pagos cuestionados corresponden a servicios efectivamente prestados, aunque en los registros no se especificaba a qué facturas se aplicaban.
Rubiano señaló que se impartió la orden a Gloria Polanía, nueva gerente interventora de la EPS, de adelantar reuniones con los prestadores de todo el país y dejar constancia en actas para precisar a qué facturas corresponde cada pago. El proceso, según dijo, deberá estar completado en pocas semanas.
La Supersalud insistió en que la Nueva EPS ha venido cumpliendo con pagos a prestadores en diversas regiones, aunque reconoció la falta de claridad en la aplicación de los mismos.
