Con la creación de la Sociedad de Activos Especiales -SAE- no se han logrado superar los riesgos de corrupción y los problemas en la administración de los bienes en proceso de extinción de dominio que obligaron a liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes – DNE, concluyó un estudio sectorial de la Contraloría General de la República.
El organismo de control analizó los alcances del modelo de administración de bienes incautados adoptado en el país y lo comparó con algunas referentes internacionales.
La conclusión es que la adopción de un nuevo marco normativo y la constitución de una entidad independiente encargada exclusivamente de la administración de este tipo de bienes, no ha arrojado los resultados esperados, lo cual corrobora lo evidenciado en los diferentes procesos auditores realizados por la CGR en los últimos años a la SAE.
Se reemplazó una entidad por otra que heredó los problemas
A pesar de que la SAE viene adoptando una arquitectura empresarial robusta y consistente, se presentan dificultades de operación del modelo y de coordinación interinstitucional.
Para la Contraloría, el diseño de administración de bienes incautados se limitó a crear esta entidad, desconociendo la procedencia, estado real y otras características de los bienes incautados.
Debido a la traumática transición entre la DNE y la SAE, esta heredó el desorden administrativo y la dispersión de información.
Factores que afectan el manejo de bienes incautados
Diferentes factores afectan el funcionamiento eficiente del modelo de la administración de bienes, entre los que se pueden destacar, estos seis:
1) Duración prolongada de los procesos judiciales de extinción de dominio.
2) Inoperancia de la figura de depositarios.
3) Inconvenientes para el desalojo de predios.
4) Dificultades para la enajenación de activos debido a restricciones del mercado.
5) Desconocimiento de la localización y estado de muchos bienes.
6) Falta de coordinación con las entidades de registro para obtener la información de los bienes.
No se ha atendido el objeto del FRISCO
Como consecuencia de los inconvenientes registrados, se evidencia que no se ha producido un impacto importante en las políticas que se deberían atender con las productividades de los bienes incautados, que incluyen: Inversión social, Fortalecimiento de la justicia, Reparación de víctimas y Desarrollo rural.
Igualmente, la financiación de estos programas se vio limitada por la baja ejecución de las transferencias líquidas, que en el periodo 2015-2018 alcanzaron apenas el 37% frente al presupuesto proyectado para asignación a las entidades beneficiarias.
No obstante lo anterior, la SAE, entidad administradora del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -FRISCO, está pasando por un momento coyuntural en el que se han implementado mecanismos que permiten prever la consecución de mayores ingresos a partir de la enajenación temprana y la venta masiva. Así, con este panorama, el Gobierno nacional debería garantizar la efectividad de las transferencias.
Comparativo con otros países
La Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública realizó, en este estudio, un comparativo con Bolivia, Honduras, México y Perú, con problemáticas de narcotráfico y corrupción similares.
Se observó que en Colombia el volumen de los bienes incautados es muy superior. Y en cuanto a la financiación de la entidad administradora, el país es el único que no cuenta con recursos del Presupuesto General de la Nación.
En los países latinoamericanos mencionados se destacan prácticas como:
* Seguimiento y control a las destinaciones de las productividades con incidencias admitida, civil y penal.
* Creación de un sistema informático que consolida la información de todos los actores, desde la incautación de bienes hasta la destinación definitiva.
* Existencia de un registro nacional de bienes incautados a disposición de la ciudadanía.
* Creación del Registro Nacional de Extinción de Dominio, donde se pueden consultar los bienes afectados, las sentencias y su cumplimiento.
* Relevancia en la búsqueda de rentabilidad de las sociedades antes que su enajenación.
* Fortalecimiento del sistema judicial de extinción de dominio para mejorar los tiempos de administración de los bienes.
A juicio de la CGR, se trata de elementos que podrían contribuir al mejoramiento sustancial del modelo colombiano de administración de bienes incautados.
