Las investigaciones revelan prácticas inhumanas, que incluyen torturas y homicidios, en fundaciones de atención a la población vulnerable.
La Fiscalía ha tomado medidas contundentes al imputar a un total de 21 personas que trabajaban en ocho fundaciones y centros de rehabilitación en los municipios de Piedecuesta, Girón y Bucaramanga (Santander). Estos individuos están acusados de llevar a cabo actos de tortura, abusos sexuales y homicidios en contra de pacientes vulnerables, afectando a más de 500 víctimas, incluidas varios menores de edad.
De acuerdo con los informes obtenidos por la policía judicial, los centros de rehabilitación han sido identificados como lugares de sufrimiento extremo, donde se han registrado casos alarmantes. “Algunos de los empleados de estas fundaciones habrían abusado sexualmente de varios menores de edad que permanecían sedados por los medicamentos que les proporcionaban”, indicó la Fiscalía.
Las condiciones inhumanas de estos centros llevaron, lamentablemente, a la muerte de al menos ocho pacientes. “Tenían una modalidad de castigo que consistía en esposarlos de manos y pies contra el suelo por días y hasta por semanas. Les echaban agua en baldes, les quitaban el almuerzo y la cena, además indicaron que para ellos no existía la atención médica general”, relató el fiscal del caso.
Las torturas iban más allá de los castigos físicos. “Otro de los castigos consistía en llevarlos a una placa en un tercer nivel de la fundación, donde quedaban completamente a la intemperie, expuestos al sol, a la lluvia, siempre esposados con las manos atrás y sin comida ni agua. Eran víctimas constantes de agresiones físicas por parte del personal, con puños, patadas en diferentes partes del cuerpo, así como agresiones con elementos contundentes como bates, cadenas, candados y palos”, afirmó el fiscal.
El juzgado de control de garantías ha legalizado las capturas realizadas en operativos conjuntos entre el CTI y el Ejército Nacional, en ciudades como Cartago (Valle del Cauca), Bucaramanga (Santander) y Bogotá. Ante la gravedad de los cargos, la Fiscalía ha imputado delitos que incluyen homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y tortura, así como secuestro, inducción a la prostitución, acceso carnal con incapaz de resistir, acto sexual violento y tortura.
Las investigaciones han revelado que estos centros recibían personas provenientes de diversas localidades de Santander, Norte de Santander y Atlántico, quienes sufrían condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de comida y un suministro indiscriminado de tratamientos psiquiátricos. Se reportaron prolongados períodos de incomunicación y el uso de “cuartos de reflexión”, que en realidad eran “cuartos de tortura” donde los pacientes eran sometidos a baños de agua fría, golpes y ataduras.
La Fiscalía también investiga la posible complicidad de algunos familiares de las víctimas, quienes habrían colaborado en ciertos casos. “Las víctimas hablaron sobre sustancias extrañas con las cuales las drogaban y perdían el conocimiento. Así era como los ingresaban a la fundación, como lo que ellos también llamaban la captura”, añadió el fiscal delegado. Durante el desarrollo de las diligencias, se presentó un motín en el lugar, el cual fue controlado por el Ministerio Público y la Policía. En la operación, se hallaron diez menores de edad que fueron trasladados a la Comisaría de Familia para restablecer sus derechos.
Este caso pone de relieve las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en algunos centros de rehabilitación, los cuales, en teoría, deberían ser espacios de recuperación y apoyo. La impunidad y la falta de control estatal en estos lugares han permitido que se perpetúen prácticas inhumanas. Es crucial que las autoridades implementen mecanismos de supervisión y regulación más estrictos para garantizar la protección de las personas vulnerables en estos centros, evitando que se repitan historias de abuso y sufrimiento.
